La dinámica del trabajo en México, desde los reinados mesoamericanos, ha dependido de una evidente ventaja basada en el tiempo laborable y la disponibilidad de los trabajadores.
De esa manera, desde los trabajos de esclavos de los aztecas, mayas, olmecas y teotihuacanos, pasando por los encomendadores españoles, los hacendados y las industrias establecidas desde el siglo 19 hasta nuestros días, la jornada laboral ha sido siempre una ventaja competitiva.
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Claro, nuestro país no fue el único que utilizó esas figuras de dominación para la obtención de riquezas, pero ha sido de los últimos en adoptar la nueva forma de administrar el tiempo laboral conforme a los estándares universales, de tal manera que, según la OCDE, México ocupa el primer lugar entre las naciones con más horas trabajadas al año, con cerca de 2 mil 226 horas.
Si bien es cierto que la industria maquiladora llegó al país con la modalidad de laborar de lunes a viernes, acomodando los tiempos a las 48, 45 y 42 horas laborables en la semana, mientras el trabajo burocrático había establecido con anterioridad esquemas similares, nuestro país ofrecía una ventaja competitiva sin comparación, precisamente por la disponibilidad industrial de una jornada hasta de 57 horas semanales (sumando el tiempo extra a disponibilidad de 9 horas).
Pero los tiempos industriales son distintos y obedecen al movimiento de los clientes que, si bien es cierto son en su mayoría programables, dependen en estos momentos de múltiples variables y hasta caprichos en los gustos y maneras del consumidor final, lo que imprime una dinámica muy sui generis en la distribución de las cargas laborales.
La industria de autopartes es el claro ejemplo de este ejercicio, no sólo en la fabricación de los años modelo que puntualmente a mediados de cada año se presentan, sino con el lanzamiento de nuevas plataformas que producen una verdadera revolución en los procesos productivos y, sobre todo, en la adaptabilidad de los trabajadores para la fabricación de piezas al contentillo del cliente. En ese sentido, se ha observado que durante los meses de julio a septiembre de cada año, los trabajadores promedio de esta industria laboran jornadas de entre 57 a 68 horas semanales y, aun así, no se completan producciones enteras o aumenta el número de rechazos internos en forma exponencial.
La reforma a la jornada laboral, impulsada por la 4T, sin duda resultará benéfica a partir del 2027 para los trabajadores, quienes no laborarán menos, pero sí ganarán más. Esto se debe a que, aunque la jornada laboral se reducirá hasta 40 horas semanales, el tiempo extra a disponibilidad aumentó de 9 a 12 horas como compensación para mantener la productividad; claro, con mayor costo para las empresas.
Esta iniciativa parte de la base electorera y es precisamente esta situación la que repercutirá en la productividad de la suma de las empresas en el país, elemento que no fue tratado de manera alguna en la reforma laboral y, al ser excluido, provocará una verdadera grieta en la economía nacional y su crecimiento.
Para mejor entendimiento, menciono que la productividad industrial mide la eficiencia con la que una empresa transforma recursos (mano de obra, materiales, energía, tiempo) en productos finales, buscando maximizar la producción con la menor cantidad de insumos. En este caso, un elemento de la ecuación, que es la disponibilidad de personal, reduce su tiempo y, por ende, el tiempo Takt, que es el ritmo de producción necesario para satisfacer la demanda del cliente –calculado dividiendo el tiempo neto disponible entre las unidades requeridas–, necesitará de más personal para fabricar productos en las líneas invariablemente.
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Se dice que los empresarios respaldaron esta medida y que se trató de un acuerdo nacional. Lo extraño es que las cámaras industriales y los sindicatos patronales reconocidos no hayan sido la voz cantante en esta iniciativa, pero sí el grupo de empresarios que le vende al Gobierno Federal, en cuya cabeza está Altagracia Gómez.
Según datos conservadores del BBVA, la reducción de la jornada laboral restaría alrededor de seis décimas al crecimiento medio anual del Producto Interno Bruto (PIB) a nivel macro; implicaría un aumento en el costo de labor de entre 6 al 9.11 por ciento para las compañías, y provocaría una disminución en el índice de productividad laboral de 96.5 (según México, ¿cómo vamos? / 2025) a 92.8 por ciento, si no se definen reglas claras para la productividad interna.
Lo más probable es que resurjan en el sector industrial y sindical los convenios, a fin de otorgar estímulos económicos a quien sea más eficiente. ¡Haya cosa!
