En los últimos días, el debate público se ha reactivado en torno a una nueva propuesta de reforma político-electoral, presentada como “Plan B” tras la falta de consenso para modificar de fondo nuestro sistema democrático. Sin embargo, más allá de la etiqueta política, lo relevante es analizar con seriedad sus implicaciones reales.
Desde su planteamiento, esta propuesta parte de una premisa cuestionable: que es posible ajustar elementos clave del sistema electoral sin un acuerdo amplio entre fuerzas políticas. Como lo señalé en el primer punto de mi Decálogo, las reglas del juego democrático deben ser producto del consenso.
