La colaboración en materia de extradición entre México y Estados Unidos de América, en mi opinión, ha resultado eficaz para el combate al crimen organizado en nuestro país. Es un hecho que en los tribunales de justicia de México no se logró sentenciar al líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán, la primera vez que se le detuvo en 1993, transcurrieron más de 7 años sin que la fiscalía obtuviera una sentencia condenatoria. Antes que eso sucediera, el procesado se fugó de la prisión de alta seguridad de Puente Grande en Jalisco, el 19 de enero de 2001. Fue hasta el 2014 cuando se le reaprehendió y, en esa ocasión, se le internó en la prisión de máxima seguridad del Altiplano en el Estado de México; sin embargo, como se recuerda, un año después se volvió a fugar sin que se haya logrado concluir sus procesos penales con una declaratoria judicial de culpabilidad.
Por ello, para la tercera ocasión que fue capturado el 8 de enero de 2016, la mejor estrategia del gobierno federal fue conceder su extradición a los Estados Unidos de América, donde no sólo neutralizaron su poder e influencia delictiva, sino que lo procesaron en tres meses, lo declararon culpable y le impusieron, el 17 de julio del 2019, cadena perpetua más 30 años adicionales de prisión.
