La erradicación de la violencia de género y la garantía de acceso a la justicia son prioridades inaplazables en la agenda legislativa nacional. En el marco del debate sobre la llegada de la primera mujer a la Presidencia de México, la senadora Cecilia Guadiana emitió un posicionamiento enfocado en consolidar la igualdad sustantiva y asegurar una vida libre de violencias para las mexicanas.
Reforma constitucional y homologación penal
Durante su intervención en tribuna, la legisladora destacó la urgencia de reformar el artículo 73 constitucional. Esta modificación tiene como propósito facultar al Congreso de la Unión para expedir una ley general en materia de feminicidio, buscando unificar los criterios penales en todo el territorio nacional.
Guadiana explicó que la actual disparidad en la tipificación del delito, en la acreditación de las razones de género y en las sanciones aplicables genera impunidad y desigualdad judicial, provocando que casos similares tengan consecuencias distintas dependiendo de la entidad federativa.
Para revertir esta situación, la senadora subrayó que este momento histórico debe materializarse a través de las siguientes acciones prioritarias:
- La incorporación transversal de la perspectiva de género en las áreas de seguridad y justicia.
- La emisión ágil y urgente de medidas de protección para mujeres víctimas de violencia.
- El fortalecimiento de las garantías de libertad y autonomía de las mujeres mexicanas.
- El reconocimiento pleno y efectivo del derecho a la igualdad sustantiva.
Acceso efectivo a la justicia y protección a las víctimas
El posicionamiento legislativo evidenció que el feminicidio es la forma más extrema de agresión contra la mujer, resultado de una cadena de violencias estructurales. La legisladora expuso cifras alarmantes sobre esta problemática: en América Latina, 11 mujeres son asesinadas diariamente por razones de género, mientras que, en México, 7 de cada 10 mujeres han experimentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida.
Para combatir esta realidad, la propuesta legislativa busca generar los siguientes beneficios estructurales:
- Homologar el tipo penal de feminicidio en todos los estados de la República.
- Establecer criterios estandarizados y claros para la investigación de los casos.
- Fortalecer la coordinación operativa entre las dependencias de la Federación y las entidades federativas.
- Garantizar el acceso efectivo a la justicia, colocando en el centro de atención a las víctimas, a sus familias y, especialmente, a niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad u orfandad.
«La reforma responde a una deuda histórica del Estado mexicano con las mujeres. La vida de las mujeres debe valer lo mismo en cada rincón del país. Frente al feminicidio no puede haber vacíos legales ni omisiones, sino claridad, coordinación y voluntad», enfatizó la legisladora desde la tribuna.
Con el impulso de esta iniciativa, el Senado de la República evalúa dar un paso definitivo hacia la construcción de un marco jurídico que garantice un país más justo e igualitario.
