TORREÓN, COAH.- Integrantes de la colectiva Justicieras por Nuestras Infancias se manifestaron este lunes en las instalaciones del Centro de Justicia Penal de Torreón, para denunciar públicamente la presunta protección judicial a un imputado por violación equiparada en agravio de una menor de edad, y exigir un proceso transparente, imparcial y con perspectiva de género.
Durante la protesta, las activistas portaron pancartas y lanzaron consignas en defensa de los derechos de las infancias, advirtiendo que el sistema de justicia no debe revictimizar ni obstaculizar el acceso a la verdad y la reparación del daño.
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Ricardo Salazar, padre de la víctima, señaló que lleva más de cuatro años luchando para que se haga justicia por su hija, quien fue víctima de violación cuando tenía 11 años. Denunció que, pese a la gravedad del delito, la familia no ha accedido a la reparación integral del daño y ha enfrentado una serie de obstáculos legales que han provocado un profundo desgaste emocional.
Detalló que en la audiencia inicial, la jueza de control Karla Bustos desestimó pruebas clave como los dictámenes ginecológicos y psicológicos, así como la declaración obtenida mediante el protocolo Michigan, lo que, a su juicio, debilitó injustificadamente el caso.
Asimismo, acusó la omisión de abrir el periodo de investigación complementaria previsto en el artículo 321 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pese a que el Ministerio Público y el asesor jurídico lo solicitaron formalmente en mayo de 2023.
Salazar también expresó su preocupación por el control del imputado, quien porta un brazalete electrónico. Indicó que, de acuerdo con un informe de UMECA, el dispositivo permaneció apagado durante varios días en enero, lo que dejó al imputado fuera de localización y generó temor por la seguridad de la víctima y su familia.
Durante la audiencia de revisión de medidas cautelares celebrada el 26 de enero, el juez Samuel Borrero habría valorado pruebas que no fueron presentadas en tiempo ni forma por la defensa, lo cual —afirmó— vulnera el debido proceso propio del juicio oral.
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El padre de la menor acusó al juez de actuar de manera parcial, sin aplicar la perspectiva de género ni el interés superior de la niñez, principios establecidos en la Constitución. Añadió que el próximo 3 de febrero se pretende sobreseer la causa, lo que despierta el temor de un posible acto de prevaricación y de que el caso quede en la impunidad.
Finalmente, Ricardo Salazar reiteró que el imputado es el padrastro de la menor y que los hechos ocurrieron en 2020, con antecedentes de abuso sexual previos. Aseguró que continuará su lucha hasta alcanzar justicia y llamó a la sociedad a no guardar silencio frente a la violencia sexual infantil.
