En un país que se respetara, con un gobierno que cumpliera con lo que manda la ley, con una oposición que funcionara como contrapeso, organismos que reforzaran la rendición de cuentas y una sociedad que se escandalizara por los abusos del poder y se movilizara para impedirlos, el viernes pasado esto hubiera sucedido:
1) El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, habría sido separado de su cargo. La Secretaría Anticorrupción habría iniciado una investigación para cuidar el buen gobierno, y la Fiscalía General de la República hubiera abierto una carpeta de investigación por el uso ilícito de atribuciones y facultades, tráfico de influencias y peculado, por haber aceptado que su hijo viviera del erario durante ocho meses en la Embajada de México en el Reino Unido, donde la titular era su subordinada. No habría división de opiniones sobre su comportamiento ilícito, producto de una legalidad selectiva, aun entre quienes la proclaman como pilar, ni un día siguiente como si no hubiera pasado nada. El reconocimiento de Ebrard lo convirtió en un delincuente confeso.
