En Coahuila, el aborto se legalizó el 7 de septiembre de 2021.
La primera solicitud formal de interrupción voluntaria del embarazo en el hospital donde laboro llegó en febrero de 2022. Con ella no solo inició un proceso de atención médica; también comenzaron los debates, la evidencia de la falta de empatía, los prejuicios morales y éticos, y la dificultad de separar las convicciones personales de la obligación institucional de garantizar un derecho reconocido por la ley.
No fue sino hasta marzo, cuando me incorporé al hospital, que conocí el caso. Para entonces, la solicitud ya había sido rechazada, aplazada y enviada a un comité de ética que, en este contexto, no tenía competencia para decidir sobre el acceso a la atención. Finalmente, la paciente fue valorada, recibió tratamiento, seguimiento y egresó sin complicaciones. Paradójicamente, esa fue la parte más sencilla.
Lo verdaderamente complejo comenzó después.
Era evidente que aquella no sería la última paciente. Necesitábamos construir una vía de atención rápida, segura, confidencial y basada en evidencia científica. Había que elaborar protocolos, capacitar personal, definir rutas de referencia y asegurar que las mujeres recibieran atención oportuna y libre de violencia.
Mientras trabajábamos en ello, fui descubriendo el profundo rechazo que despertaba mi labor. Hubo quienes se negaban incluso a referir a una paciente para valoración; no existían espacios adecuados para brindar atención ni el equipo médico necesario. También enfrenté insultos y apodos dirigidos a mi persona por el simple hecho de defender que las mujeres recibieran una atención médica digna. Sin embargo, nada de eso era comparable con lo que ellas vivían: regaños, humillaciones, amenazas e incluso llamadas a la policía realizadas tanto por personas externas como por integrantes del propio personal de salud.
Fue entonces cuando comprendí que implementar un programa de salud es relativamente sencillo cuando existe consenso. El verdadero desafío aparece cuando la evidencia científica, la legislación y las convicciones personales parecen avanzar en direcciones distintas.
También entendí que nadie cambia su manera de pensar porque alguien le entregue un protocolo. Los cambios duraderos nacen del diálogo, de la educación continua, de la capacitación y, sobre todo, del respeto. Del respeto hacia quienes piensan diferente, pero también hacia las pacientes, cuya dignidad, autonomía y derechos deben permanecer siempre en el centro de cualquier decisión médica.
Con el paso de los meses, el programa dejó de verse como una imposición y comenzó a entenderse como una responsabilidad institucional. Poco a poco mejoró la referencia de las pacientes, llegaron los insumos, se fortaleció el equipo de trabajo y la atención empezó a fluir de manera más ordenada y segura.
Aún queda mucho camino por recorrer. Persisten retos, áreas de oportunidad y conversaciones difíciles. Sin embargo, hoy las pacientes ya no enfrentan las mismas barreras que al inicio. Ese cambio no ocurrió porque todos pensáramos igual, sino porque aprendimos que es posible trabajar desde convicciones distintas cuando el compromiso común es brindar atención médica con respeto, profesionalismo y apego a la evidencia.
Con frecuencia nos llamaban “brujas aborteras”, intentando convertir ese nombre en un insulto. Con el tiempo comprendí que las palabras solo tienen el poder que decidimos otorgarles. Si para algunas personas acompañar, escuchar, informar y procurar que una mujer reciba atención segura significa ser una “bruja abortera”, entonces quizá ese apodo habla menos de quienes lo recibimos y más del miedo que todavía existe hacia los derechos de las mujeres.
Porque, al final, implementar el Programa de Aborto Seguro nunca se trató únicamente del aborto. Se trató de construir un sistema de salud más humano; uno donde ninguna paciente sea juzgada antes de ser escuchada, donde la educación venza a los prejuicios y donde el respeto sea siempre el primer tratamiento que una mujer reciba al cruzar la puerta de un hospital.
