Mundial de la Salud (OMS). Significa intervenir en un vacío que el Estado ha decidido no llenar: resolver dudas, facilitar el acceso al medicamento, ofrecer contención emocional y sostener un proceso que debería ser garantizado por las instituciones de salud pública.
Mi experiencia como acompañanta me ha permitido comprender que el problema no es el aborto en sí, sino las condiciones en las que las mujeres se ven obligadas a ejercer este derecho. Para algunas, interrumpir un embarazo es un procedimiento médico, para muchas otras, está atravesado por el miedo, la soledad y el juicio social. En ambos casos, lo que debería existir es una política pública capaz de asegurar atención digna, información clara y acceso oportuno.
Yo aborté y fue una de las decisiones más conscientes que he tomado. No la recuerdo con culpa ni con arrepentimiento, sino como el ejercicio de una autonomía que muchas mujeres y niñas en este país no tienen garantizada. Mientras algunas tenemos el privilegio de elegir si queremos o no ser madres, otras son obligadas a gestar, parir y maternar en contra de su voluntad.
Cuando pienso en las mujeres que he acompañado, pienso también en la desigualdad que atraviesa cada historia. El acceso real al aborto sigue dependiendo del dinero y del lugar que se ocupa dentro de la estructura social. Quienes pueden pagar una clínica privada encuentran menos obstáculos. Las que no deben abortar en casa, a escondidas o enfrentarse a un sistema de salud que continúa poniendo barreras, incluso en un Estado donde el aborto fue despenalizado desde 2021.
En Coahuila, el reconocimiento legal del derecho a decidir no se ha traducido en acceso efectivo. Persisten prácticas institucionales que retrasan o dificultan la atención: solicitudes de estudios que no son indispensables, procedimientos invasivos que la OMS considera obsoletos y una burocracia que convierte un derecho en un privilegio.
A esta falla estructural se suma el mercado. Farmacéuticas e intermediarios se aprovechan de la urgencia y vulnerabilidad de quienes buscan abortar: medicamentos con precios excesivos, información fragmentada y servicios encarecidos terminan convirtiendo la necesidad de atención en una oportunidad de negocio. Mientras que a las acompañantas se nos exige disponibilidad permanente sin remuneración ni reconocimiento.
Esta problemática comienza mucho antes de que una mujer busque información sobre cómo abortar. Comienza en un sistema educativo que sigue negando el acceso a educación sexual de calidad. En Coahuila, la educación sexual continúa siendo insuficiente y, en muchos casos, censurada. Se limita a las docentes y se priva a las y los adolescentes de información fundamental sobre métodos antifecundativos, consentimiento y salud reproductiva; ni se diga hablarles sobre su derecho a decidir.
Las redes de acompañamiento existen porque las instituciones fallan y porque el acceso al aborto sigue dependiendo del privilegio. La sororidad ha sostenido lo que el Estado no ha querido garantizar. Lo más grave no es que las acompañantas existamos, sino que seamos necesarias para cubrir las ausencias de un sistema que reconoce derechos en el discurso, pero los limita en la práctica. Mientras eso no cambie, la organización colectiva seguirá haciendo el trabajo que las instituciones se niegan a asumir.
