Simón Levy, el empresario que trabajó en el gobierno de la Ciudad de México hace varios años, tiene dos órdenes de aprehensión: una por no acudir a audiencias para declarar sobre una acusación por presuntas violaciones en la construcción de un edificio, y otra por amenazas y daño doloso en propiedad ajena. Casos muy importantes para las personas afectadas y víctimas de los supuestos atropellos, pero de ninguna manera un asunto de Estado. Sin embargo, esta es la forma como el Gobierno Federal lo está tratando.
