El sábado 10 de enero el director general de VANGUARDIA, Armando Castilla Galindo, fue liberado por un juez de control en Nuevo León, después de que decidiera no vincularlo a proceso por el presunto delito de fraude. Un día antes, Castilla Galindo había sido detenido en el aeropuerto de Monterrey en un operativo que incluyó el apoyo de la Guardia Nacional y la participación de la Fiscalía General de aquel Estado en la fabricación de un caso que no tenía sustento.
Fue el viernes cuando el Director General estaba a punto de ingresar a la sala de espera del aeropuerto para emprender un viaje vacacional, que la Fiscalía de Nuevo León orquestó un operativo excesivo para aprehenderlo porque supuestamente no se presentó a una orden de notificación que llegó a un domicilio donde Armando Castilla no reside.
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La detención, abusiva y desproporcionada, provocó el reclamo de distintas organizaciones como la Sociedad Interamericana de Prensa y la Alianza de Medios, así como los cuestionamientos de distintos periodistas y comunicadores del País.
Pasaron horas para que el equipo legal de VANGUARDIA y del Director General tuviera acceso a la carpeta de investigación. La denuncia, se supo entonces, señalaba a Armando Castilla de haber recibido 700 mil pesos como “anticipo” para la compra de un lote de su propiedad. Esta cantidad, de inicio, contrastaba con la difundida por la Fiscalía de Nuevo León (3 millones de pesos), lo que reflejaba un tema delicado para la justicia mexicana: se trataba de un asunto fabricado para desprestigiar la imagen del director general, Armando Castilla.
La audiencia de control ocurrió hasta el siguiente día, el sábado 11 de enero.
LAS INCONSISTENCIAS
El sábado 11 de enero se celebró en Nuevo León la audiencia para que ambas partes, la acusatoria y la defensa, expusieran sus argumentos frente al juez de control, Luis Eduardo Hernández Meza.
La defensa legal del Director General basó su argumento en tres puntos: el primero, que la querella presentada por un supuesto asesor legal no era válida debido a que la presunta víctima, Marco Antonio Fuentes Garza, nunca se acreditó su voluntad, pues jamás compareció ante autoridad ni existe en el expediente registro alguno sobre su identidad.
El segundo, que la Fiscalía de Nuevo León no recabó ninguno de los cinco datos de prueba que conforman la carpeta de investigación, pues todos fueron entregados a la autoridad por el supuesto asesor legal.
Y el tercero, y más contundente, que el 27 de agosto de 2025, fecha en la que supuestamente se realizó el acuerdo, y en la que el director de VANGUARDIA habría recibido un monto de 700 mil pesos, éste se encontraba en un evento internacional celebrado en Medellín, Colombia.
La defensa presentó como pruebas el pasaporte con los sellos de migración de Colombia que respaldan que no estaba en México en la fecha señalada por el presunto denunciante, pues tenía sello de ingreso a dicho país el 26 de agosto y de salida el 29 de agosto de 2025.
También se presentaron las reservas del viaje, capturas de pantalla de la app de taxis usada en Colombia, notificaciones del banco por el uso de la tarjeta bancaria, fotos del viaje y una entrevista con Jesús Ramírez, amigo de Armando Castilla y persona con quien viajó, que confirma que estuvieron en el evento en Medellín.
