Saltillo se ha convertido en la ciudad de las protestas. El 8M con dos marchas; la movilización por el caso de Estella; las y los maestros del SNTE cerrando vías en todo el país; el bloqueo por la justicia en el feminicidio de Luisa Fernanda; la mamá de Olga, también víctima indirecta de feminicidio que sigue exigiendo justicia por sus hijas; hasta el cierre de la frontera en Piedras Negras por Vica.
Las manifestaciones no sirven para conseguir una necedad a la mala. Las protestas sirven para generar ruido, para incomodar; sirven como espacios de solidaridad y de abrazos; funcionan desde la rabia. Son un grito desesperado, principalmente al Estado, pero también a la ciudadanía. Son un llamado a despertar y a exigir lo que nuestras y nuestros representantes nos prometieron.
Las leyes y tratados internacionales realizados específicamente para proteger a las mujeres y niñas no son un privilegio sobre los hombres; son el resultado de años de luchas y manifestaciones, del sufrimiento y trabajo de las madres, y de análisis profundos sobre las desventajas que tenemos las mujeres en una sociedad construida por y para hombres. Una sociedad donde la violencia familiar se entendía como un asunto privado; donde si una mujer era maltratada por su marido era su responsabilidad por no salir de la relación; donde a las mujeres se nos encargan las tareas de cuidado sin que sean consideradas un trabajo.
Estos ajustes a la legislación y las sentencias internacionales funcionan para equilibrar una balanza que ya estaba cargada: para que, cuando llegue un caso al escritorio de una autoridad, se pongan los lentes violetas y entiendan que tal vez la víctima no siguió con su denuncia porque no tenía los recursos económicos y emocionales, ni el tiempo para dar continuidad a su asunto; para que no asuman que la víctima se quitó la vida —aunque había señales de sobra de violencia en su cuerpo— e investiguen con el objetivo de dar a su familia la tranquilidad de conocer la verdad; para que, cuando una niña grite por ayuda, las corporaciones policiales sepan cuál es el protocolo que deben seguir.
El marco jurídico nacional e internacional obliga a todas las autoridades a tratar, investigar y juzgar con perspectiva de género y todo esto no es un favor ni un capricho: es una exigencia y una obligación histórica. No se trata de cargar la balanza hacia las mujeres; se trata de entrar en un litigio con la balanza equilibrada.
Que las víctimas reciban una atención integral. Que no haya ni una más. Y eso no se va a conseguir solo aumentando las penas de los delitos o agregando más tipos penales a nuestro código, se va a conseguir mediante la prevención y el tratamiento correcto de los casos que ya están en los escritorios de las autoridades y en las calles, en las manifestaciones.
Las manifestaciones responden a un reclamo legítimo de la ciudadanía. Por eso le invito a que la próxima vez que se encuentre en el tráfico no piense que es culpa de quien tuvo que cerrar la calle, sino de las autoridades que no responden hasta que todas reclamamos.
