El 10 de julio se reportó que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, envió a la Comisión Permanente la iniciativa de reforma constitucional para facultar al Congreso de la Unión a expedir una ley general de combate a la extorsión.
Se planea establecer el tipo penal, con agravantes y sanciones. Se informó que la extorsión en México aumentó, entre el 2018 y el 2025, un 57.62%.
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La presidenta destacó que los estados de México, Guanajuato, Veracruz y Nuevo León concentraron el 61.8% de las víctimas de extorsión en el 2024 y 2025.
La iniciativa de Sheinbaum buscará reformar el artículo 73 de la Constitución; de esa manera facultar al Congreso para expedir una nueva ley. Método similar que se aplicó para las reformas relacionadas con el secuestro, la tortura, la desaparición y la trata de personas.
Sheinbaum destacó que las penalidades de la extorsión son diversas en cada estado; siendo la pena máxima, un promedio de 4 años y 6 meses, mientras que en Oaxaca solo son 1 a 3 años.
Por ello, señaló que aunque el Código Penal Federal ya constituya el delito de la extorsión, la falta de uniformidad provoca que sus penalidades y agravantes mermen en cada entidad estatal.
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Noroña, presidente del Senado, informó que la iniciativa se discutirá a partir de septiembre, durante el periodo ordinario de sesiones. Se estima que la iniciativa se turnará con la Cámara de Diputados.
‘Combatir la extorsión, así como las modalidades bajo las cuales se comete a través de herramientas de investigación eficaces y bajo los principios de coordinación y colaboración institucional’, señala la iniciativa de Sheinbaum.
