CIUDAD DE MÉXICO- Ayer iba a llevarse a cabo la audiencia de imputación por este asunto contra cinco ex funcionarios de la PGR, en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente; sin embargo, la diligencia fue diferida hasta nuevo aviso porque la Fiscalía General de la República solicitó por escrito recusar a la Juez.
”El 17 de junio del actual se recibió el oficio mediante el cual la fiscal solicitó la recusación de esta juzgadora para seguir conociendo del presente asunto; por ello, en actuación de esta fecha, se dio vista a la suscrita a fin de emitir el pronunciamiento correspondiente”, dice el acuerdo de Domínguez Santos.
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La juzgadora envió esta solicitud de la Fiscalía a un Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal, para que determine si es procedente.
La FGR pidió la recusación, luego de que el lunes pasado la Juez Domínguez dictara la no vinculación a proceso por falta de elementos en favor de Judith Aracely Gómez Molano, ex Oficial Mayor de la PGR, por la supuesta compra ilegal del malware Pegasus en 460 millones 196 mil 383.64 pesos.
Por ese revés judicial, ayer la FGR anunció que iniciaría una carpeta de investigación contra Domínguez por delitos contra la administración de la justicia.
La audiencia cancelada este miércoles estaba prevista para imputar a Gómez Molano, así como a Humberto Antimo Rivera, ex director General de Seguridad Institucional; José Luis Gutiérrez Ayala, ex director de ·rea adscrito a la oficina del Procurador Murillo, y Zacarías Consuelo Reza y Daniel Piña Romo.
Este es un caso judicializado desde hace más de tres años y en el que la Fiscalía pretende imputar a los ex funcionarios por los delitos de uso indebido de atribuciones y facultades, peculado, fraude equiparado y asociación delictuosa.
Se trata de un asunto en el que les atribuyen contratar de forma presuntamente indebida servicios de arrendamiento de equipos y capacitación de inteligencia y contrainteligencia, así como plataformas tecnológicas por 786 millones 621 mil 2.27 pesos.
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Los contratos se adjudicaron para que la FGR pudiera llevar a cabo las operaciones encubiertas Fúsil y Escudo, cuyos objetivos eran el combate al “huachicol” y detectar a los contactos del crimen organizado en la Presidencia de la República, las Secretarías de Gobernación y Hacienda y la propia PGR.
Las empresas que vendieron la capacitación y la tecnología son, según la indagatoria, Trade Fee de México, H.D. Sheldon de México, Okimer de México, Comercializadora y Servicios Empresariales Modo, Comerserv Maravilla, Comercializadora y Servicios Empresariales Hayam y Ainsworth Properties Limited.
De acuerdo con constancias judiciales, desde hace más de un año la FGR judicializó por separado otra carpeta de investigación relacionada con equipos tecnológicos para la Operación Escudo por 250 millones de pesos.
Por Abel Barajas, Agencia Reforma
