Durante la madrugada de este domingo 29 de junio, el diputado coahuilense Antonio Attolini Murra denunció públicamente un presunto caso de abuso de autoridad por parte de elementos de Tránsito y Vialidad en el municipio de Torreón.
A través de un video grabado desde una grúa en la que era trasladada su camioneta, Attolini narró que fue detenido alrededor de la 1:00 horas por una supuesta falta vial: cambiarse de carril sin usar direccionales. Según su versión, la detención ocurrió a pocas cuadras de su domicilio, cuando regresaba de un bar acompañado de su pareja.
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Attolini indicó que sostuvo una conversación de aproximadamente una hora con los oficiales, quienes le exigieron realizarse una prueba de alcoholimetría, asegurando que se encontraba en estado inconveniente y que se negaba a colaborar. El diputado afirmó que en ningún momento se identificó como servidor público, que entregó sus documentos y que se encontraba en pleno uso de sus facultades.
En el video, responsabiliza directamente al secretario del Ayuntamiento de Torreón, José Elías Ganeme Guerrero, así como al alcalde Román Alberto Cepeda González, de presuntamente orquestar una acción política en su contra. También menciona haber solicitado apoyo al número de emergencias 911, obteniendo un folio de reporte por presunto abuso de autoridad.
Attolini sostiene que se encuentra siendo escoltado por una grúa, tras el aseguramiento de su camioneta, como parte de lo que califica como una estrategia de hostigamiento mediático y político, en la que —afirma— ya anticipa que se difundirá la versión oficial de que él estaba alcoholizado y actuando de forma inadecuada.
Finalmente, aseguró que continuará denunciando lo que considera un uso indebido del aparato estatal, calificando al actual gobierno municipal como “el peor que ha tenido Torreón”.
Posteriormente, mediante otro video publicado en sus redes sociales ya desde su domicilio, el legislador amplió su denuncia al señalar que fue víctima de acoso e intimidación por parte de personas que, según su percepción, lo vigilaban mientras se encontraba en un bar del centro de la ciudad.
Relató que permaneció por casi dos horas bajo custodia, siendo trasladado hacia un corralón que, aseguró, no pertenecía a una dependencia municipal. Consideró este hecho como una “privación ilegal de la libertad” y reiteró que tomará acciones legales al considerar que se trató de una represalia política relacionada con su postura crítica hacia la administración local.
