En un año, dos organizaciones criminales clasificadas por Estados Unidos como “terroristas” se han echado un clavado para rescatar a los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum de una crisis detonada por la extraña relación del primero con los cárteles de la droga. En marzo del año pasado fue el Cártel del Noreste, que negó haber financiado dos campañas presidenciales de López Obrador. El segundo empezó a difundirse el lunes por la noche, donde el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) salió a respaldar la versión que intenta imponer el gobierno de Sheinbaum: que no hay evidencias que el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, haya sido un campo de exterminio.
