La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, explicó durante la Conferencia Mañanera la situación jurídica vigente relacionada con las empresas de Grupo Salinas, luego de que el conglomerado acudiera a diversas instancias judiciales para impugnar resoluciones fiscales y regulatorias.
Sheinbaum señaló que los recursos presentados por la compañía “no deberían de haberse admitido en la Corte”, dado que tribunales inferiores ya habían resuelto los asuntos por no corresponder a la competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La mandataria enfatizó que el máximo tribunal “determinó revocar los acuerdos que habían permitido que esos recursos de revisión ni siquiera fueran considerados”, lo que, dijo, confirma que el proceso se ha seguido conforme a la ley y a los principios institucionales.
Sheinbaum destacó que algunos actores han señalado presunto autoritarismo, pero puntualizó que la Corte ya se pronunció de manera clara: “Lo que hace la Corte es desechar siete recursos a estos grupos, la desechó”, subrayó durante su posicionamiento.
LA CORTE CONFIRMA SU COMPETENCIA Y DESECHA RECURSOS
De acuerdo con la presidenta, la Suprema Corte reafirmó su papel institucional al desechar los siete recursos promovidos por Grupo Salinas, estableciendo que estos no guardaban relación con atribuciones que le correspondieran analizar.
Este tipo de asuntos, explicó, pasan por una revisión previa en tribunales administrativos y fiscales. En este caso, distintas instancias ya habían determinado que las impugnaciones no debían llegar a la Corte, razón por la cual el máximo tribunal decidió revocar los acuerdos previos y cerrar su análisis.
La resolución, según Sheinbaum, demuestra que se siguió un proceso riguroso, contrario a las acusaciones que apuntan a presiones o interferencia del Ejecutivo. Recalcó que la decisión judicial robustece el respeto a la división de poderes.
PROCEDIMIENTO LEGAL EN LITIGIOS CONTRA EL ESTADO
Sheinbaum detalló además el procedimiento que enfrentan empresas que mantienen litigios con el Estado. En primer lugar, la autoridad notifica al contribuyente —en este caso, una empresa— del monto determinado. Si la compañía paga, el asunto queda concluido.
En caso de no hacerlo, se inicia una cadena de procesos jurídicos que involucran auditorías, revisiones administrativas, paneles fiscales y, en algunos casos, litigios ante tribunales especializados. La mandataria insistió en que estos procedimientos están claramente establecidos en la legislación y no dependen de decisiones discrecionales.
Este marco normativo, dijo, es el que guía las acciones del Gobierno federal en casos como el de Grupo Salinas, donde existen diversos litigios abiertos relacionados con obligaciones fiscales.
RESPUESTA A SEÑALAMIENTOS Y RETOS POR DELANTE
La presidenta reiteró que su administración actúa conforme a derecho, rechazando versiones que sugieren persecución política o autoritarismo en los procedimientos contra empresas. Aseguró que los procesos jurídicos continúan de manera normal y que las determinaciones son tomadas por las autoridades competentes.
Agregó que su gobierno mantendrá transparencia en los casos que involucren grandes corporativos y la defensa del interés público.
También subrayó que las instituciones del Estado tienen la obligación de garantizar que los contribuyentes, sin excepción, cumplan con sus obligaciones fiscales y legales frente a la nación.
DATOS CURIOSOS
• La Corte desecha recursos cuando no cumplen criterios de competencia, sin analizar el fondo del asunto.
• Un litigio tributario puede tomar años, pasando por hasta cuatro instancias judiciales distintas.
• El término “recurso de revisión” implica que un tribunal superior evalúa si otro actuó conforme a derecho.
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Las aclaraciones de Claudia Sheinbaum sobre el caso de Grupo Salinas delinean un panorama jurídico donde la Suprema Corte ratifica su autonomía y ordena desechar recursos fuera de su competencia. El proceso, explicó la presidenta, responde al marco legal vigente y busca garantizar que cualquier litigio entre empresas y el Estado se resuelva con transparencia, imparcialidad y pleno respeto a la ley.
