CDMX.- Las comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos del Senado avalaron el dictamen que reforma la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y al Código Penal Federal con el objetivo de fortalecer el combate al lavado del dinero y el financiamiento al terrorismo.
El proyecto presenta reglas específicas y sistemas automatizados para el monitoreo de Personas Políticamente Expuestas (PEP) como secretarios de Estado, jueces, legisladores y otros servidores públicos de los tres niveles de gobierno y tres Poderes de la Unión.
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La iniciativa destaca que el propósito de la propuesta es garantizar la estabilidad del sistema financiero, el cumplimiento de los estándares internacionales y la protección de la integridad de la economía nacional.
La Secretaría de Hacienda (SHCP) estará como responsable de elaborar y mantener actualizado un listado de las personas que sean clasificadas como PEP y las dependencias u organismos que deban remitir sus listas a Hacienda.
En el proyecto imponen la obligación de monitorear de manera intensiva a estas personas en actividades financieras que sean consideradas de riesgo y de contar con manuales internos para detectar operaciones en las “actividades vulnerables” en las que se incluyen casinos, bienes raíces, venta de autos, préstamos, donativos, entre otras.
Los legisladores de oposición alertaron que estas medidas podrían ser utilizadas por la Secretaría de Hacienda y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para una vigilancia excesiva y la violación de los derechos humanos.
Manuel Añorve, coordinador parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), alertó que la reforma brinda al gobierno las herramientas para poder congelar cuentas por simple sospecha y mencionó que podrían utilizarla para persecución de opositores, sindicatos, iglesias, partidos políticos y organizaciones civiles sin necesidad de juicio previo.
“Esta reforma tiene una orientación política de control prácticamente absoluto. (…) Y entonces esto se convierte como en Venezuela, para poner un ejemplo, en una vigilancia política, en una justicia financiera a modo del gobierno, o sea, es una persecución disfrazada”, puntualizó.
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La senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Guadalupe Murguía, señaló que la definición de PEP está en riesgo de ambigüedad, ya que Hacienda sería la dependencia encargada de la interpretación e implementación.
“Queremos alertar, advertir, de posibles excesos que pudieran cometerse en relación con los derechos personales, la vida privada, la propiedad, el secreto bancario y el principio de presunción de inocencia”, puntualizó.
