CDMX.- La reforma a la Ley de Amparo propuesta por el Ejecutivo “carga los dados” a favor del gobierno, al imponer estándares de actuación a los jueces y restringir la suspensión del acto reclamado, advirtieron especialistas durante la tercera Audiencia Pública sobre la Ley de Amparo, realizada en la Cámara de Diputados.
En el encuentro, convocado por las comisiones unidas de Justicia y de Hacienda y Crédito Público, nueve expertos se pronunciaron en contra de la iniciativa y coincidieron en que la propuesta distorsiona la figura de la suspensión y genera desconfianza en el Poder Judicial.
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José Ángel Santiago Ábrego, presidente de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, señaló que los legisladores deben evitar normas que otorguen ventajas indebidas a alguna de las partes. “Esto es precisamente lo que sucede con la minuta”, sostuvo.
“De aprobarse en sus términos, bastará con que los jueces verifiquen un daño al interés social o a disposiciones de orden público para negar la suspensión. Cuando se introduce el concepto de interés público, se termina negando la suspensión si puede afectar al gobierno, que justamente es parte del juicio de amparo”, explicó el abogado.
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Afirmó que con esta reforma el Ejecutivo condiciona la actuación judicial, definiendo cuándo se puede conceder una suspensión y cuándo no. “Se instruye a los jueces de Distrito a cargar los dados a favor de una de las partes, a pesar de que el principio de igualdad procesal lo prohíbe”, dijo, al citar el artículo 17 constitucional y los tratados internacionales de derechos humanos.
Por su parte, la magistrada de Circuito Ileana Moreno Ramírez advirtió que la minuta “parecería restringir en algunos casos la posibilidad de conceder la suspensión”, lo que contravendría la Constitución.
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Añadió que el artículo 128 de la propuesta introduce un requisito que ya no existe en la fracción décima del artículo 107 constitucional: acreditar una afectación de difícil reparación para obtener la suspensión. “Si la ley regresa a esta noción, estaría yendo en contra del texto constitucional”, apuntó.
El exsenador Roberto Gil Zuart calificó la iniciativa como “uno de los mayores retrocesos jurídicos” en la historia del juicio de amparo. Consideró que sus implicaciones están ligadas a la reciente reforma judicial y a la eliminación de los efectos generales del amparo.
“La propuesta se inserta en una tendencia preocupante de debilitamiento del control constitucional y de concentración del poder en el Ejecutivo”, señaló el también abogado y exlegislador. Con información de El Universal
