Es un excoronel de 65 años, pensionado desde hace siete, cuando debió tomar el retiro forzoso; hoy encabeza una de las organizaciones que vela por los derechos sociales y jurídicos de militares retirados, entre las que existen decenas en las grandes y medianas ciudades de Colombia.
Como miembro de esa asociación, el excoronel del ejército -cuyo nombre prefiere no hacer público- ha atestiguado el proceso donde muchos hombres con experiencia militar, que son pensionados o que fueron retirados por problemas de conducta, terminan participando en guerras en otros países o al servicio de organizaciones criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación.
TE PUEDE INTERESAR: Cárteles mexicanos recurren a los exmilitares colombianos olvidados del proceso de paz
A raíz del caso de los nueve exsoldados colombianos y otros tres hombres con formación militar que fueron detenidos hace unas semanas en Michoacán, hecho que llevó al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, a hablar de un “patrón de reclutamiento”, el excoronel colombiano conversó con EL UNIVERSAL.
El exmilitar comienza por recalcar que ni el Estado ni la institución apoyan el mercenarismo: “El Estado colombiano y las fuerzas militares no promueven ni contratan ni defienden el mercenarismo de los exsoldados; esa no es una política nuestra, no tenemos esa cultura”.
Recuerda que en la actualidad la única misión de las Fuerzas Armadas colombianas en el exterior es en el Sinaí, Egipto, donde desde 1982 un grupo de soldados participa en la Fuerza Multinacional de Paz y Observadores.
No obstante, la formación de los soldados en medio del conflicto armado que ha vivido Colombia los ha convertido en profesionales de la guerra con entrenamiento en varios países y especializados en inteligencia, tácticas de campo y manejo de armas.
Por ello es que se han vuelto muy cotizados para las empresas de seguridad privada.
Exmilitares colombianos han participado o participan en guerras o conflictos internos en Irak, la ex-Yugoslavia, Libia, Afganistán, Yemen, Ucrania, Rusia y Sudán; en este último país, como lo informó el gobierno de Gustavo Petro, 300 exsoldados colombianos participaron desde 2023 en el conflicto que enfrenta a las Fuerzas Armadas de Sudán con el grupo paramilitar llamado Fuerzas de Apoyo Rápido.
En noviembre pasado, las Fuerzas Armadas de esa nación reportaron haber dado muerte a “22 mercenarios de nacionalidad colombiana”.
El gobierno anunció entonces las gestiones para la repatriación de los cuerpos y de los exsoldados, y el presidente publicó en su cuenta de X:
“El mercenarismo debe prohibirse en Colombia. Los militares deben tener un mejor nivel de vida en Colombia, pero los dueños de la sangre joven derramada por dinero en pueblos extranjeros deben ser castigados penalmente”.
Otro caso muy doloroso fue el de la participación de 17 colombianos, en su mayoría exmilitares, en el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moise, en julio de 2021; en esta historia, los exsoldados han referido el reclutamiento por parte de una empresa de seguridad privada desde Miami.
Para el excoronel entrevistado, aunque la situación de los exmilitares que van a un conflicto internacional en otro país es diferente de la de viven quienes se van con una organización criminal o en una misión como la de Haití, sí se advierten muchos rasgos comunes.
”Los exsoldados van con mucha ilusión, con la idea de hacer plata y devolverse en un año para montar un negocio o hacerse de una casita, pero allá la realidad es otra. No tienen seguro de vida, no se comunican con la familia; a los que se fueron a Ucrania los pusieron de carne de cañón. Muchas veces quedan lisiados, no les reconocen nada, se ven afectados sicológicamente y desmoralizados”.
Una característica común en todos los casos es la forma como son reclutados. El excoronel relata: “Los reclutadores son quienes más ganan en este negocio; por ejemplo, si a un soldado le ofrecen 2 mil o 3 mil dólares, a ellos les dan hasta 5 mil”.
Lo paradójico es que los reclutadores, reconoce, en la mayoría de los casos, son exmilitares.
A menudo, son ellos los que dirigen o forman parte de las empresas de seguridad que los reclutan, son empresas que se promocionan en redes sociales con una oferta de cursos de entrenamiento, asesoría y servicios de escolta.
“Ni muertos salen, los desaparecen”
“El reclutador suelta los mensajes en redes sociales o por voz a voz: ‘Yo tengo una empresa de seguridad y necesito 200 tipos pa’ llevarme a Ucrania’. Cuando leen eso, muchos quedan motivados. El reclutador es la persona que tiene los contactos en Ucrania o en México, y le pagan para que comience a reunir la gente. A los exmilitares los agarran de bobos útiles, los invitan a comer, les dan un millón [250 dólares] para que le compren cosas a la esposa, y les prometen que allá les van a dar 3 mil dólares y un trabajo como asesores o jefes de un departamento de seguridad. Pero la realidad es otra. No les cumplen y, por razones obvias, una vez que entran no se pueden salir de esos cárteles, no los dejan. Ni siquiera muertos salen, los desaparecen. Queda una incógnita y la familia y el gobierno son los perjudicados”.
Según el excoronel, los reclutados no suelen ser altos mandos. “Casi siempre son exsargentos, exsubtenientes o extenientes; suboficiales con pensiones de 2 millones de pesos [500 dólares] a los que les ofrecen 12 millones de pesos [3 mil dólares]. O también se da el caso exmilitares que salieron de las Fuerzas Armadas por mala conducta y que se van porque al fin y al cabo no tienen nada que perder”.
El excoronel compara la historia de los mercenarios colombianos con la de las jóvenes que se van a México con la promesa de un trabajo en publicidad o en modelaje.
“Siempre está ahí esa figura del reclutador, ese hombre de gustos caros que promete un modelo de vida a los exsoldados o que seduce a las mujeres”.
Aunque el Estado ha denunciado la gravedad del problema y cursa en el Congreso un proyecto de ley para ratificar la Convención Internacional contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y el Entrenamiento de Mercenarios de 1989, las herramientas son escasas.
“La magnitud del problema se desconoce. En las ciudades crecen las empresas de seguridad. No hay cifras, no hay responsabilidad jurídica y hay ausencia de castigo. Yo me pregunto, ¿qué tiene que ir a hacer uno a luchar por lo de otro país?; ¿por qué un tipo no se metió aquí con un cártel y sí se va a otro país?”.
