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Rechazan empresarios de Yucatán la Ley Silla: ‘Vamos a tener que acatarla’

Con la entrada en vigor de la “Ley Silla” el pasado 17 de junio, las empresas deberán proporcionar asientos y tiempos de descanso a sus trabajadores, especialmente a quienes permanecen de pie durante la mayor parte de su jornada. La nueva legislación establece sanciones de hasta 282 mil pesos e incluso la suspensión de actividades en caso de reincidencia para los establecimientos que no cumplan con la medida.

En Yucatán, pese a que el sector empresarial ha mostrado su rechazo a la nueva disposición, reconocen que deberán cumplir con ella. “Pero ya es ley y vamos a tener que acatarla”, afirmó Emilio Blanco del Villar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Mérida.

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El dirigente empresarial criticó el proceso legislativo al señalar que “los diputados impulsaron esta ley con el desconocimiento de la operatividad de las empresas”, además de advertir que “podría impactar negativamente en las dinámicas laborales.”

Aunque manifestó que no todos los puestos de trabajo pueden adaptarse a esta nueva obligación, aseguró que las compañías ya se preparan para cumplir con la normativa dentro del plazo legal, el cual otorga hasta 180 días naturales para modificar sus reglamentos internos antes de diciembre.

Blanco del Villar recalcó que “cumplirán con lo estipulado por la ley y buscarán implementarla de la mejor manera posible para evitar afectaciones mayores.”

LEY SILLA EN MÉXICO

En México, cuando se habla de “Ley Silla”, se hace referencia a una reciente reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) que busca garantizar el derecho de las personas trabajadoras a tener periodos de descanso sentados durante su jornada laboral, especialmente en aquellos puestos donde se requiere permanecer de pie por varias horas.

Su principal objetivo es combatir los problemas de salud derivados de la permanencia prolongada de pie (como várices, fatiga muscular, lumbalgia, problemas circulatorios, etc.) y mejorar las condiciones laborales y la dignidad de los trabajadores.

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Esta ley aplica a todas las empresas del sector privado en México, especialmente en sectores como tiendas de autoservicio, departamentales, farmacias, cadenas de comida rápida, centros comerciales y call centers. En otras industrias, se podrá limitar la disposición si pone en riesgo la seguridad de las personas.

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