Con el objetivo de fortalecer la seguridad social de los cuerpos policiacos, el diputado de Morena, Alberto Hurtado, presentó ante el Congreso de Coahuila una iniciativa para adicionar una fracción al artículo 111 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza.
La reforma busca reconocer el acceso a créditos con tasa preferencial como un derecho para los integrantes del Servicio Profesional de Carrera del sistema de seguridad pública estatal.
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En su exposición de motivos, el legislador subrayó que los policías, quienes diariamente arriesgan su vida para preservar el orden y atender emergencias, enfrentan un rezago significativo en materia de bienestar laboral, económico y social, particularmente en Coahuila.
Esta situación ha derivado en alta rotación de personal, vulnerabilidad frente a redes de corrupción, deterioro moral y desconfianza ciudadana.
“La seguridad, entendida como política pública, no puede sostenerse sobre elementos desprotegidos. No se puede exigir disciplina, vocación y entrega a quienes no cuentan con las condiciones mínimas de estabilidad y desarrollo personal”, afirmó Hurtado.
La iniciativa propone que el acceso a créditos preferenciales forme parte del régimen complementario de seguridad social, con el fin de mejorar el bienestar económico de los policías, incentivar su permanencia y dignificar su función pública.
De acuerdo con cifras de organismos civiles y datos locales, el salario promedio de los policías municipales y estatales en Coahuila se encuentra entre los 13 mil y 14 mil 500 pesos mensuales. Además, más del 50 por ciento de los elementos en activo mantiene deudas, principalmente con financieras comerciales, casas de empeño, créditos de nómina con altas tasas o prestamistas informales conocidos como “gota a gota”, lo que representa un riesgo financiero y una vulnerabilidad institucional.
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El 23 por ciento de los policías ha recurrido a préstamos informales, situación que puede ser aprovechada por grupos criminales para ejercer presión o chantaje.
Otros estados como Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León han implementado esquemas de bienestar financiero para sus policías. En la capital del país, la Secretaría de Seguridad Ciudadana opera un programa de créditos a tasa preferencial en coordinación con la banca de desarrollo, lo que ha reducido en 11 por ciento la rotación de personal operativo en un periodo de 18 meses.
En Jalisco, el Instituto de Pensiones ofrece créditos accesibles para vivienda, automóviles y emergencias médicas.
Estos modelos operan mediante convenios con instituciones financieras y no representan un gasto elevado para los gobiernos. La clave está en crear marcos legales que permitan gestionar fondos, fideicomisos o garantías que faciliten créditos con tasas justas y condiciones estables.
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En Coahuila, la infraestructura financiera y la formalización de la nómina en el sector de seguridad pública facilitarían la puesta en marcha de un programa similar, con el Estado actuando como garante o facilitador, no como prestamista.
“Una policía con derechos es una policía con futuro. Y una policía con futuro es garantía de seguridad, paz y bienestar para todos los coahuilenses”, concluyó el diputado Hurtado.
