Dos policías municipales de Castaños fueron formalmente vinculados a proceso, luego de que un juez de control determinara que existen elementos suficientes para continuar con la investigación en su contra. Ambos quedaron separados de sus funciones y deberán cumplir con medidas cautelares mientras avanza el proceso.
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Los imputados, Karen Anahí “N”, originaria de Frontera, y Abraham Daniel “N”, vecino de Monclova, enfrentan cargos por hechos ocurridos el 16 de diciembre, cuando patrullaban a bordo de la unidad número 08. Ese día, interceptaron a Ramiro “N”, quien regresaba de Piedras Negras tras recoger a familiares provenientes de Estados Unidos.
Según la denuncia presentada, los oficiales habrían exigido dinero al conductor bajo la amenaza de fabricarle un delito, asegurándole que le “sembrarían” droga y lo pondrían a disposición del Ministerio Público si no entregaba efectivo. Ante el temor, un familiar del afectado realizó desde el extranjero una transferencia de mil dólares, equivalente a casi 18 mil pesos.
El afectado denunció los hechos al llegar a un punto de revisión en el municipio de Ramos Arizpe, donde aportó datos precisos sobre los policías y la unidad en la que se desplazaban. Con esta información, elementos del Grupo Región Centro lograron localizarlos poco después. Durante la detención, Abraham Daniel “N” presuntamente intentó evitar su arresto ofreciendo 400 dólares, mientras que Karen Anahí “N” habría intentado entregar 300 dólares, señalando que su detención podría generar consecuencias.
El dinero fue asegurado como evidencia y ambos fueron puestos a disposición del Ministerio Público. El juez determinó imponerles un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, además de fijar una garantía económica de 10 mil pesos para cada uno y ordenar su separación inmediata del cargo dentro de la corporación policiaca.
Las autoridades estatales señalaron que el caso se mantiene bajo seguimiento y reiteraron que no habrá tolerancia a conductas que vulneren la confianza ciudadana, especialmente cuando involucran a servidores públicos encargados de la seguridad.
El delito por el que se les investiga es por conductas punibles de servidor público durante la investigación y persecución de delitos o en su proceso o juicio penal en modalidad de soborno o cohecho, por no denunciar u omitir información sobre un delito derivado de una denuncia de extorsión
