NUEVA YORK- Pero las opiniones que expresó están ahora en tensión con una orden ejecutiva emitida por el presidente Donald Trump en enero, que pretende restringir la ciudadanía por derecho de nacimiento. Parece probable que la Corte Suprema vea una impugnación directa de la constitucionalidad de la orden en la legislatura que comienza en octubre.
La presentación ante el tribunal, que pasó un poco desapercibida, ayuda a mostrar la rapidez con la que el Partido Republicano y parte del pensamiento jurídico conservador han cambiado su postura sobre el tema. También es un recordatorio de que la cuestión de quién nace ciudadano puede afectar a la elegibilidad para ser presidente.
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Tommy Pigott, portavoz del Departamento de Estado, dijo en un comunicado que “es absurdo que el NYT pierda el tiempo rebuscando en historias inventadas de hace una década”, y añadió que Rubio estaba “alineado al 100 por ciento con la agenda del presidente Trump”.
La declaración de Pigott no abordó los argumentos del escrito de 2016 ni cómo cuadrarlos con la orden ejecutiva.
Peter J. Spiro, profesor de Derecho de la Universidad de Temple y experto en ciudadanía, dijo en un correo electrónico que el escrito de 2016 era una “declaración contundente y sucinta de por qué se ha interpretado que la Decimocuarta Enmienda ampara a casi todos los niños nacidos en Estados Unidos, independientemente de la situación migratoria de los padres”.
“No hay ninguna razón por la que el argumento que puso en práctica en 2016 no pueda ponerse en práctica hoy contra la orden ejecutiva de Trump”, escribió Spiro.
Rubio, ahora secretario de Estado, presentó el escrito en respuesta a una demanda presentada ante un tribunal federal de Arkansas por un candidato presidencial marginal, David Librace. La demanda de Librace sostenía que Rubio era inelegible para ser presidente porque no era, como exige la Constitución, un “ciudadano natural por nacimiento”. Rubio nació en 1971, hijo de inmigrantes cubanos que no adquirirían la ciudadanía hasta 1975.
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El juez Brian Miller, del Tribunal Federal de Distrito de Little Rock, desestimó la demanda. “Aunque las cuestiones planteadas por Librace son interesantes, se trata de cuestiones para las que sencillamente no tiene legitimidad para plantearlas”, escribió el juez, y señaló que “los tribunales han sostenido sistemáticamente que los votantes no están legitimados para presentar demandas basadas en el argumento de la ‘cuestión de nacimiento’”.
Los argumentos esgrimidos por Rubio en su escrito eran más amplios de lo necesario para ganar el caso. Por ejemplo, no solo se refirió a la cláusula de elegibilidad presidencial de la Constitución, sino también a la disposición de la Decimocuarta Enmienda sobre la ciudadanía por derecho de nacimiento.
Continuaba diciendo que la enmienda, el derecho consuetudinario en el que se basaba y los principales precedentes de la Corte Suprema confirmaban que “las personas nacidas en Estados Unidos de padres extranjeros (que no fueran diplomáticos ni enemigos hostiles u ocupantes) eran ciudadanos de Estados Unidos en virtud de su nacimiento”.
Trump sostiene, por el contrario, que los hijos de padres que se encuentran en Estados Unidos de forma ilegal o temporal no son automáticamente ciudadanos porque no están, como exige la Decimocuarta Enmienda, “sujetos a la jurisdicción” de Estados Unidos.
La diferencia entre ambas posturas no habría importado en las circunstancias de Rubio. Sus padres eran residentes legales cuando él nació, lo que significa que habría estado en el lado correcto de la línea que Trump ha intentado trazar, incluso en una orden ejecutiva que emitió en su primer día en el cargo con el fin de restringir la ciudadanía por derecho de nacimiento para muchos niños. Desde entonces, la orden ha estado atascada en los tribunales.
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Por otra parte, esas distinciones no tienen sentido, afirmó Spiro.
“El intento del gobierno de distinguir entre los no ciudadanos legalmente presentes es especialmente débil”, dijo. “Al intentar excluir a los hijos de los llamados no inmigrantes —incluidos los titulares de visados de estudiante y los trabajadores temporales—, el gobierno pierde el argumento de que solo se dirige a quienes están aquí infringiendo la ley”.
Desde luego, el escrito de Rubio no trazaba esa línea. En su lugar, defendió a ultranza la ciudadanía por derecho de nacimiento, afirmando que la Decimocuarta Enmienda “pretendía eliminar cualquier duda de que todas las personas nacidas en Estados Unidos, independientemente de su raza, ascendencia, servidumbre previa, etc., eran ciudadanos de Estados Unidos”.
En junio, la Corte Suprema emitió una decisión a raíz de la orden ejecutiva, pero los jueces no abordaron la constitucionalidad de la directiva. Desde entonces, varios tribunales inferiores han fallado en contra de la orden, al aceptar argumentos similares a los ofrecidos por Rubio.
En julio, por ejemplo, el Tribunal de Apelación del Noveno Circuito de Estados Unidos confirmó una orden preliminar de bloqueo de la orden ejecutiva, por motivos casi idénticos a los esbozados en 2016 por Rubio, quien es uno de los demandados en el caso. Entre sus responsabilidades oficiales están expedir pasaportes y supervisar las leyes de inmigración en el extranjero.
En un escrito presentado este mes, el gobierno se comprometió a actuar con rapidez “para permitir que la Corte Suprema resuelva la legalidad de la orden de ciudadanía” en el mandato que comenzará en octubre. El escrito añadía que el procurador general, principal abogado de apelación del gobierno, “aún no ha determinado qué caso o combinación de casos llevará al tribunal”.
El escrito de Rubio se presentó en respuesta a una demanda que al menos rozaba lo frívolo, durante una campaña presidencial agotadora y acalorada. Puede que prestara poca atención a los contornos de los argumentos esgrimidos en su favor. En cualquier caso, un escrito de este tipo no era el lugar adecuado para hacer una declaración importante, ni siquiera especialmente meditada, sobre la ciudadanía por derecho de nacimiento.
Las afirmaciones generales del informe de Rubio de 2016 eran amplias y seguras, y reflejaban la opinión generalizada. En los próximos meses, es probable que la nación sepa si el consenso se mantiene. c. 2025 The New York Times Company.
Por Adam Liptak, The New York Times.
