A raíz del anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump sobre un nuevo arancel del 30% a las exportaciones mexicanas, empresarios de la región sureste de Coahuila compartieron sus impresiones sobre la medida, que entraría en vigor el 1 de agosto. La propuesta, justificada por la supuesta falta de resultados en el combate al tráfico de fentanilo, ha sido calificada como injusta, política y preocupante por distintos sectores industriales.
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Arturo Reveles, presidente de Canacintra Sureste, opinó que más que una decisión con sustento técnico, se trata de una maniobra para presionar al gobierno mexicano. Aun con los esfuerzos en seguridad, como la extradición de Ovidio Guzmán o la participación de la Guardia Nacional, consideró que Trump busca “sacar ventaja” en temas más amplios que lo meramente comercial. “Yo creo que esto es más una forma como de presionar, tal vez para sacar una mayor ventaja en las acciones que ha hecho el gobierno, más allá del criterio comercial”, comentó.
Por su parte, Antonio Domínguez, expresidente de la AIERA, calificó como injustificado el argumento de seguridad nacional. Aseguró que la estrategia mexicana sí ha mostrado resultados tangibles. “Los datos duros muestran la destrucción de cientos de laboratorios de fentanilo y arrestos de los principales líderes de los cárteles. Es una estrategia bien diseñada e implementada por el gobierno mexicano”, afirmó.
En cuanto a si el arancel se materializará, Reveles consideró probable que se logre una negociación para reducir o eliminar el porcentaje anunciado. Domínguez fue más escéptico: prevé que la medida entre en vigor, pero confía en que no se sostendrá a largo plazo. “Los aranceles empezarán a aplicar el 1 de agosto, pero tenderán a desaparecer en el corto plazo”, estimó.
Ambos coinciden en que, de incluirse productos del T-MEC como las autopartes, Coahuila podría verse afectada. Reveles explicó que si bien el impacto directo en el empleo ha sido limitado en episodios anteriores, la incertidumbre ha frenado nuevas inversiones y expansiones industriales en la región. Aun así, matizó: “No creo que repercuta en que tengamos gente que pierda su fuente de trabajo o que los volúmenes de producción cambien por esa razón”.
Domínguez, en cambio, alertó que mantener el arancel sí pondría en riesgo proyectos de alto valor. Aseguró que “hará tambalear inversiones ya terminadas y en proceso de construcción”, pues muchas de ellas están basadas en el tratado comercial que no contempla este tipo de tarifas. También señaló que Trump “veladamente está tratando de proteger a la industria de su país”, aunque pase por alto que muchos productos hechos en México permiten a Estados Unidos mantenerse competitivo en el mercado global.
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Domínguez también señaló que el verdadero rival comercial de Estados Unidos no es México, sino China, país que —según dijo— subsidia sus productos y ha desplazado industrias enteras desde su ingreso a la Organización Mundial de Comercio. Afirmó que el uso del fentanilo como argumento arancelario podría estar encubriendo una intención proteccionista hacia la industria estadounidense.
Mientras tanto, el gobierno federal mantiene una mesa de negociación en Estados Unidos. La presidenta Claudia Sheinbaum confió en que se alcanzará un acuerdo antes del 1 de agosto. “No hay que alarmarnos en Coahuila”, expresó Reveles, “más bien es seguir haciendo nuestro trabajo desde nuestra trinchera y esperar que el gobierno mexicano lleve las acciones adecuadas”.
