OAXACA, OAX.- La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) confirmó que el joven Diego Ignacio Paz, estudiante de la Universidad Anáhuac, no se encontraba bajo los efectos del alcohol ni de drogas al momento de su muerte, ocurrida durante un operativo de alcoholímetro realizado por policías municipales de Santa Lucía del Camino el 30 de agosto de 2024.
De acuerdo con el informe del organismo, los dictámenes periciales demuestran que el joven fue asesinado con dos disparos por la espalda, a la altura de la cadera, y que, tras ser herido, fue pateado y torturado por los agentes. El caso fue calificado oficialmente como una ejecución extrajudicial, mientras que el Ayuntamiento no ha iniciado procedimiento administrativo alguno contra los responsables.
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El operativo, implementado bajo las órdenes del presidente municipal Juan Carlos García Márquez, se desarrolló sin protocolos adecuados ni personal certificado. La DDHPO documentó que los agentes involucrados no contaban con capacitación ni permisos para portar armas de fuego, y que, pese a ello, utilizaron fuerza letal durante la persecución.
Según el testimonio del joven sobreviviente que acompañaba a Diego, ambos huyeron del retén “por temor a la actitud violenta de los policías” y estacionaron el vehículo a unos metros del lugar. “Corrimos porque vimos que venían los policías… escuché seis disparos… y cuando me alcanzaron, me golpearon hasta que el techo donde estaba se rompió y caí”, relató el testigo ante la Defensoría.
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La investigación también revela que el Ayuntamiento difundió información falsa, al afirmar públicamente que los jóvenes estaban alcoholizados y que habían atropellado a un policía, hechos desmentidos por los peritajes toxicológicos y balísticos. Además, la administración municipal se negó a proporcionar el listado del personal que participó en el operativo ni los reportes de mando que debieron rendirse tras el uso de la fuerza.
“El Ayuntamiento fue omiso en proporcionar la identidad de los servidores públicos que intervinieron, así como de sus superiores jerárquicos, responsables de la planeación y supervisión del operativo”, señaló la DDHPO en su resolución, la cual documenta omisiones y encubrimiento institucional.
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La Defensoría también acreditó que los hechos ocurrieron en la Plazuela de las Tres Cruces, zona aledaña al Parque Las Canteras, donde el cuerpo de Diego fue localizado. La reconstrucción pericial confirma que los disparos provinieron de corta distancia y que los agentes violaron los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza.
Hasta el momento, la familia de Diego Ignacio Paz exige justicia y la destitución del presidente municipal Juan Carlos García Márquez, mientras organizaciones civiles reclaman la intervención de la Fiscalía General del Estado para garantizar sanciones penales y administrativas. La DDHPO reiteró su compromiso de dar seguimiento al caso “hasta que todos los responsables sean llevados ante la justicia”. Con información de El Universal
