Jorge Villarreal
El presidente está obligado a cumplir la ley, el Estado de Derecho, que es uno de los elementos esenciales que rigen México, es el componente básico que pone orden al pueblo, al gobierno que se despliegan en un determinado territorio. Cuando un integrante de uno de los tres poderes de la Unión, que conforman el gobierno, que además es el titular del Poder Ejecutivo Federal, dice que la autoridad moral y política están encima de la Ley y que la ley se puede violar justificadamente cuando afecta la dignidad del presidente de México, significa, en primer lugar, que su protesta al tomar posesión de su cargo, de “… guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen…” [Art. 87 de la Constitución], fue un compromiso de “dientes para afuera”, es decir, con una reserva no declarada de que, siempre y cuando no afecte la dignidad del presidente y se actúe con autoridad moral y política. Porque si suceden estos supuestos, el presidente puede actuar soberanamente, sin respetar la Constitución ni las leyes que emanan de ella.
La gravedad de esas declaraciones son enormes, porque ya sabemos de antemano que dentro de la cabeza del presidente López Obrador pueden pasar muchas cosas por las que, según él, justificadamente puede dictar cualquier medida en detrimento de nuestros derechos humanos, como la vida, la libertad, el derecho al voto libre y secreto, la propiedad privada. Todo ello puede afectar en cualquier momento a nuestras familias, a nuestros centros de trabajo, a nuestros ingresos económicos, al desarrollo de nuestros hijos y nietos, y en general al bienestar de todos. Pensando el presidente que eso le puede afectar y cree utilizar recursos de todo tipo amparándose en que él es la ley para lograr sus propósitos.
Por eso los mexicanos debemos prepararnos más que nunca a defender a nuestra democracia de las órdenes, que seguramente vendrán del presidente de México para robarse las elecciones y al ser invadido su partido y aliados de millones de votos derivado del rechazo ciudadano a una dictadura que pretende encabezar. Y sin duda habrá el riesgo de no reconocer su derrota en las urnas, por lo que los ciudadanos tendremos que resistir un embate de un gobernante rapaz y terco en el cumplimiento de la Ley.
Con esa afirmación que hiciera el presidente López Obrador, quedo al descubierto la máscara que porta y donde oculta su verdadero rostro ansioso de poder y de riqueza, que busca perpetuarse y seguir trascendiendo como único hacedor del destino de nuestro país, quedando en el pasado todos aquellos planteamientos y supuestos deseos de hacer un cambio verdadero, que en verdad su combatiría la corrupción, y que imperara la ley sobre todas las cosas y que ya no habría más impunidad, todo ello solo fueron palabras dulces que llegaron a los iodos de muchos y que les agrado, y más al volverse populista apoyando con recursos económicos a diversos grupos marginados y a los adultos mayores, para tener la oportunidad de la manipulación política, hoy se requiere de la participación ciudadana, que sea critica, que analice lo que es lo mejor para el país, y que en verdad se logre la paz entre todos los mexicanos, dejar en el pasado las confrontaciones, que solo ha dejado heridas que tendrán que ser atendidas para que sanen.
En teoría, nadie debería estar por encima de la ley en un sistema legal justo y equitativo. Sin embargo, en la práctica, hay casos en los que personas con influencia política, económica o social pueden parecer estar «por encima de la ley» debido a la impunidad o a la falta de aplicación efectiva de las normativas. Esto puede socavar la confianza en el sistema legal y generar desigualdades. Es crucial para el Estado y la sociedad garantizar que todos, sin excepción, sean responsables ante la ley.
«Nadie está sobre la ley» es un principio legal que establece que todas las personas, independientemente de su estatus social, riqueza o poder, están sujetas a cumplir con las leyes de un país. Este principio es fundamental en democracias y estados de derecho, ya que garantiza la igualdad ante la ley y la protección de los derechos individuales.
