Dos casos que afectan a la libertad de expresión han mostrado sus caras antagónicas: el síntoma de lo que viene, el ataque a la prensa, el último dique que tiene el régimen autoritario que se está terminando de construir en México, y la resistencia de los periodistas pese a la asimetría con respecto a las fuerzas que enfrentan. Esta no es una lucha de poder, sino por las libertades. No es una batalla que sume a ciudadanos, porque no les interesa, aunque serán ellos los más afectados al vivir en una sociedad opaca y sin rendición de cuentas. Los términos de esta inevitable confrontación se plantearon en Campeche y Puebla.
La gobernadora Layda Sansores, ampliamente reconocida por carecer de límites, acusó a Jorge Luis González, exdirector del diario Tribuna, de haberla calumniado y de utilizar un discurso de odio y violencia en su contra. Una jueza de control, Guadalupe Martínez Taboada, ignoró el alegato del periodista sobre que los contenidos de los que ella se quejaba no eran suyos ni los había publicado en ese medio, al que dejó de pertenecer en 2017. No le importó: le ordenó dejar de ejercer su profesión durante dos años y no publicar nada, ni en redes sociales. A la Organización Editorial del Sureste, que edita Tribuna, le ordenó desaparecer su sitio Web, sin sentencia firme ni escuchar sus alegatos de defensa.
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En Puebla, el gobernador Alejandro Armenta coronó su primer semestre en el poder con agresiones a periodistas y a medios de comunicación; los ha insultado y amenazado, al publicar una ley que, como diputado, presentó su actual coordinador de asesores sobre ciberseguridad, que tipifica el “ciberasedio” y permite que cualquier persona pueda solicitar la eliminación de contenidos digitales con sólo decir que la insultaron, injuriaron, ofendieron o agraviaron con la “insistencia necesaria” para causarle daño en su integridad física o emocional, sin necesidad de una orden judicial.
La Red de Periodistas de Puebla, que se ha organizado para enfrentar los ataques de Armenta, denunció inmediatamente lo que se ha llamado la “Ley Censura”, que entró en vigor el domingo. A este reclamo se sumaron Artículo 19 y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), por considerar que es un riesgo para la libertad de expresión al allanar el camino para que quien lo desee pueda silenciar denuncias periodísticas y críticas a su gestión. Esta nueva ley, recordó Artículo 19, forma parte de un acoso judicial al alza, utilizando la normativa para iniciar procesos penales contra periodistas.
En los últimos cinco años, más periodistas han dirimido querellas presentadas por políticos y funcionarios de Morena que −hasta donde alcanza la memoria− el total de periodistas en el pasado, donde ciertamente hubo tensiones, hostilidad y presiones para despidos, pero fueron individualizados, selectivos incluso, no masivos contra todo un gremio y contra personas que, como común denominador, tienen su crítica al gobierno. Como lo animaba Andrés Manuel López Obrador desde Palacio Nacional, y como gradualmente lo está comenzando a hacer la presidenta Claudia Sheinbaum, la intimidación mediante los instrumentos del poder, buscaba la previa censura y el silencio. Con ello, el fin de la rendición de cuentas y el contrapeso que, de consumarse la estrategia, los más perjudicados serán aquellos que hoy ven el ominoso fenómeno con indiferencia y absoluto desinterés.
Estamos caminando sobre una línea muy delgada entre el acoso y la crítica política, porque ante leyes tan ambiguas y de tan amplia interpretación y aplicación, periodistas y medios quedan sujetos a la subjetividad acomodada a los intereses para acallarlos. Ya han empleado esos recursos para saturar a periodistas con denuncias de género, utilizándolo como pretexto para que, aun como servidoras públicas, una crítica sea considerada un ataque a su género. Pocos casos han fructificado, más por malas defensas que por razones fundadas, pero con el nuevo Poder Judicial en manos del régimen, esas defensas legales muy probablemente van a cambiar.
El caso de González en Campeche se inscribe en la persecución con la que diversos personeros del régimen han buscado acallar a sus críticos. En el de Puebla, sin minimizar la existencia de acoso digital violento, la legislación y el potencial uso faccioso, que parece estar en el ADN del gobernador, apuntan a la criminalización de quien ejerza su derecho constitucional a expresarse y disentir. Siguen vivos los intentos de censura en Tamaulipas contra el periodista Héctor de Mauleón y El Universal, así como la estalinista Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión claudista.
La censura ya no necesita de golpes ni desapariciones. Basta con un código penal y un juez dócil. Silenciar las voces críticas mediante leyes ambiguas y fiscalías serviles, que cada vez son más frecuentes, es una estrategia de control. La ley es bastante expedita para juzgar a quienes critican, que al corrupto o a quien abusa de su poder. Este régimen está construyendo leyes en un país donde la impunidad es norma −lo cual se incrementará en los próximos meses con la captura del Poder Judicial−, y como lo demostró sistemáticamente López Obrador y cada vez fluye con mayor regularidad en su sucesora, caminan para que sean utilizadas de manera instrumentalizada para proteger a los suyos.
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En Campeche, la gobernadora no ha dicho nada. Los medios acosados y varios de los que murieron durante su administración, no han tenido fuerza ni respaldo nacional. En Puebla sucedió lo contrario, pero la respuesta es la burla. El gobernador pidió al Congreso que revisara la “Ley Censura”, pero en forma extemporánea: él ordenó su publicación en el Diario Oficial. La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, recomendó que se revisara, lo que es otra tomadura de pelo. Al ser ella la responsable de la política interna del país, su atención e interés debieron haber estado durante las deliberaciones en el Congreso poblano, no cuando todo está cuajado. Es la misma treta que ayer planteó la Presidenta. No pueden decirse inocentes.
Pero aun si la presión interna y externa tuviera efecto, ante las crecientes críticas al régimen por autoritario, que crecen como margaritas en el mundo, el mensaje es claro: criticar tiene costo, y puede tener castigos que destruyan profesional y económicamente a quien los desafíe.
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