CDMX.- Con más de la mitad de la población ocupada en México laborando en la informalidad y sin acceso a seguridad social ni prestaciones de ley, dependencias federales mantuvieron en 2025 un esquema de beneficios laborales superiores a lo previsto en la legislación, con un gasto reportado de 203 mil 25 millones 4 mil 322 pesos.
Cifras del Inegi describen un mercado laboral segmentado: de aproximadamente 61.9 millones de personas ocupadas, cerca de 33.1 millones, más de 54%, se encuentran en el sector informal, lo que implica carecer de derechos laborales como aguinaldo y vacaciones pagadas, según lo expuesto en la información base.
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En contraste, el sector público, que emplea entre 5 y 6 millones de personas —cerca de 10% del total de ocupados—, conserva un régimen de prestaciones que incluye apoyos adicionales a los básicos. De acuerdo con informes trimestrales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el gasto federal acumulado de enero a diciembre de 2025 para prestaciones superiores a la ley ascendió a los 203 mil 25 millones 4 mil 322 pesos.
Entre los conceptos señalados se incluyen apoyos económicos por matrimonio o “dote matrimonial”, compensación por “vida cara” para zonas de alto costo, becas para hijos de trabajadores, ayudas para útiles escolares y libros, así como días libres y bonos asociados a fechas conmemorativas. También se mencionan apoyos para lentes, aparatos ortopédicos y prótesis, además de compensaciones por fidelidad laboral o permanencia.
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El contraste se extiende al aguinaldo: mientras la ley establece un mínimo de 15 días para el sector privado, en el caso de servidores públicos se reporta que, en diversos esquemas, la gratificación puede equivaler a 40 días de sueldo, de acuerdo con el planteamiento incluido en la información.
El gasto se concentra en instituciones con alta plantilla laboral. Las cinco dependencias y entidades con mayor erogación reportada fueron el Instituto Mexicano del Seguro Social con 77 mil 855 millones de pesos; la Secretaría de Educación Pública con 19 mil 796 millones; Petróleos Mexicanos con 19 mil 432 millones; la Comisión Federal de Electricidad con 18 mil 921 millones; y Secretaría de la Defensa Nacional con 7 mil 281 millones, montos que, se indicó, también guardan relación con el número de personal en cada caso.
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En otros ejemplos citados, la Secretaría de Marina erogó de enero a septiembre de 2024 5 mil 373 millones de pesos en prestaciones que incluyen ahorro solidario, gratificación de fin de año, prima vacacional y apoyos como becas y guarderías; y el Instituto Nacional de Migración reportó en el mismo periodo más de 281 millones de pesos en beneficios como apoyos para anteojos y prótesis, gastos funerarios y gratificaciones internas. También se menciona la prestación de “radicación en el extranjero” para personal fuera del país en la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como en Hacienda y la Secretaría de Economía.
En el plano institucional, la información expone que la “dote matrimonial” se otorga en algunas dependencias y órganos como Banobras, el Banco del Bienestar y el INDEP; además, se indica que, vía IMSS, la ayuda por matrimonio para 2025 equivale a 30 días de UMA, aproximadamente 3 mil 394 pesos, y que se obtiene una sola vez desde la cuenta individual de Afore, con requisitos como 150 semanas cotizadas y acta de matrimonio civil. En el caso de la “vida cara”, se reportaron erogaciones por mil 159 millones de pesos en IMSS, 4.9 millones en Fonacot y 3 millones en CFE; y en CFE se mencionan, además, más de 266 millones por “fidelidad laboral” y más de 4.6 millones por “apoyo para licenciatura”.
En el panorama general, la información señala que estas prestaciones están reguladas y se consideran constitucionales, aunque se integran al debate sobre desigualdad laboral en el país; como parte de ese contexto, se menciona el caso de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la adquisición de camionetas blindadas que, según el propio reporte, finalmente no aceptaron.
