Si somos conscientes de que cuando votamos no elegimos simplemente a un líder, a un legislador, a nuestro alcalde o entre dos o más opciones políticas opuestas, sino que estamos optando por las políticas que tienen un impacto real en nuestras vidas, debemos tener los insumos necesarios para hacer una elección adecuada de lo que esperamos ver reflejado en nuestra realidad.
En ese sentido, surge la duda de ¿quién debe garantizar que los ciudadanos reciban información veraz? En teoría, los medios de comunicación, los partidos políticos y las instancias electorales tienen un papel importante que asumir y desempeñar, porque cuando la información es precisa, confiable y está disponible, nuestras elecciones son libres y justas, y la democracia prospera.
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Sin embargo, hoy en día vivimos rodeados de nuevas formas de comunicarnos y relacionarnos, que incluyen herramientas que conocemos como Inteligencia Artificial y que permiten a las máquinas imitar la inteligencia humana, como la percepción, resolución de problemas, interacción lingüística, la creatividad, etc.
Estas incluyen mecanismos que, a través de un entrenamiento basado en datos, nos proporcionan soluciones diversas a diferentes circunstancias y las encontramos en nuestro día a día como textos predictivos en redes sociales, recomendaciones de Netflix, chatbots, ChatGPT, Alexa, entre otras.
El acceso a estas herramientas de Inteligencia Artificial se ha vuelto masivo, pero sobre todo, hoy en día, ofrece la posibilidad de generar contenido, a partir de simples indicaciones, datos o imágenes, de forma sumamente sencilla y rápida, lo que cambia de forma drástica la manera en que las personas podemos acceder a la información, la producimos, recibimos o interactuamos con los contenidos.
Este aspecto de la IA puede influir en los procesos democráticos y electorales, por lo que es importante conocer e identificar los problemas que pueden plantearse en relación con este tema: en primer lugar, el contenido nocivo, como la desinformación, información maliciosa o errónea y los discursos de odio, que si bien ya existía, ahora se puede crear de manera más sencilla y difundir a gran escala; en segundo lugar, la seguridad de quienes intervienen en los procesos democráticos como candidaturas, votantes, líderes de partidos políticos, periodistas o actores sociales líderes de opinión; y, en tercer lugar, las prácticas disruptivas que pueden influir sobre las campañas electorales, así como la comunicación política y electoral.
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Es, en este punto, donde cobra relevancia la protección de la libertad de expresión y el acceso a la información confiable para garantizar la integridad de los procesos democráticos, sobre todo durante los procesos electorales, lo cual puede ser un gran reto, en virtud de que estas nuevas herramientas implican el aumento exponencial de la cantidad de información disponible, lo que dificulta diferenciar entre aquella que es real y la que no lo es, que además se expande a una velocidad nunca antes vista y puede ser dirigida a grupos y perfiles particulares a través de la selección de un público objetivo, todo esto sumado a la creación de contenido que parece real, pero no lo es.
Todo esto influye en cómo las personas pueden elegir a una candidatura u opción política a través de manipulación por estos medios, de ahí la importancia de salvaguardar y proteger derechos fundamentales como la libertad de expresión, el acceso a la información y la protección de datos personales, como una forma de procurar una mayor integridad en los procesos electorales, no sólo en los espacios digitales, sino en todas y cada una de las dimensiones en las que convivimos.