Legisladores de Morena y aliados en la Cámara de Diputados aprobaron la madrugada de ayer un ajuste a la Ley de Amparo para aplicarla a juicios vigentes y en proceso, entre ellos los de grandes contribuyentes que litigan créditos fiscales con Hacienda.
El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, reconoció que la motivación de este ajuste a la Ley de Amparo son los créditos fiscales que empresarios se resisten a pagar.
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“El 95 por ciento de los deudores o los que deben de pagar no lo hacen. Hacia ellos va orientada nuestra reforma, porque queremos que paguen lo justo para el erario”, sostuvo el morenista.
Dijo que a la fecha existen 2 mil 73 de esos créditos de empresarios y 2 mil 66 juicios de nulidad pendientes de resolución firme, que en conjunto representan un monto superior a los 100 mil millones de pesos.
Agregó que el tiempo promedio para hacer pagar estos recursos es de entre 16 y 22 años, y lo que el Estado alcanza a cobrar por la existencia de estos amparos mañosamente prolongados es de 0.5 por ciento.
Durante la madrugada de ayer, y con un pleno semivacío, la mayoría en la Cámara de Diputados revivió en la reforma a la Ley de Amparo el polémico artículo transitorio en materia de retroactividad.
A la 1:43 horas de la madrugada del miércoles, el diputado de Morena, Hugo Eric Flores, presentó una reserva para modificar la redacción del artículo tercero transitorio para establecer que para las etapas procesales del juicio de amparo concluidas se regirán por las disposiciones legales vigentes al inicio de su tramitación, mientras que para las etapas posteriores se aplicarán las nuevas disposiciones.
La reforma fue aprobada tras casi 16 horas de debate con 322 votos a favor, 128 en contra de la oposición y tres abstenciones.
Tras reconocer que la reserva fue “comentada por la Presidenta y consensuada por el Coordinador” de Morena, Ricardo Monreal, Hugo Eric Flores dijo que la modificación busca poner reglas claras ante la pregunta: ¿Qué pasa con los asuntos en trámite cuando hay en vigor una nueva ley?
Señaló que los procesos no se agotan en un solo acto, de ahí que la modificación haga una distinción temporal, al establecer que lo hecho queda bajo la ley antigua y lo que se haga después, bajo las nuevas reglas.
El priista Emilio Suárez acusó que la nueva redacción implica una “retroactividad encubierta”.
El panista Federico Döring afirmó que si el oficialismo no tiene la intención de “joder a la mala” a sus críticos, no tendrían la necesidad de modificar una vez más el transitorio.
