Nada distinto a lo previsto ocurrió ayer. Todos los “vaticinios” sobre la elección judicial se cumplieron de forma milimétrica. Tampoco podía ser de otra manera.
Escasa asistencia a las urnas; acarreo por parte de las estructuras partidistas; confusión generalizada respecto de cómo votar; festival de “acordeones”; lentitud en la emisión del voto… una crónica susceptible de ser escrita sin necesidad de asistir al evento.
Una estampa digna de mención es el señalamiento de la consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei, tras acudir a emitir su voto ayer: “Todo mundo pudo haber hecho sus anotaciones personales, son muchos los votos que tenemos que marcar con número el día de hoy, y bueno, sí era válido que hiciéramos nuestras propias notas; yo traía mis notas”.
Destacar lo dicho por Taddei es importante no solamente para evidenciar la complejidad del ejercicio sino por algo aún más relevante: deja en claro la complicidad de la autoridad electoral con el régimen y los poderes fácticos para justificar la simulación de esta jornada.
Porque lo de ayer fue eso: una simulación en toda la extensión de la palabra. A diferencia de cualquier otro ejercicio en el cual, a partir de las decisiones personales se construye un mandato colectivo, el primer día de junio de 2025 la ciudadanía solamente acudió a las urnas a convalidar una decisión tomada de antemano en la cúspide del poder.
Es cierto: hubo un proceso de “inscripción” durante el cual, quienes lo quisieron y reunían los requisitos, pudieron solicitar ser considerados por los cuerpos colegiados responsables de validar las candidaturas.
Es cierto: hubo un proceso de “selección” a partir de unos requisitos específicos, más o menos rigurosos dependiendo si se trataba de la elección federal o la local.
Es cierto: hubo un período de “campaña” durante el cual, quienes terminaron siendo “palomeados” para aspirar a los cargos, pudieron dirigirse, a través de las redes sociales y los medios masivos, a la ciudadanía.
Y también, ciertamente, hubo una jornada electoral durante la cual absolutamente todos los ciudadanos con posibilidad de votar pudimos acudir a las urnas y expresar nuestra opinión, ya sufragando a favor de algunas candidaturas, ya anulando nuestras boletas.
Todo lo anterior, sin embargo, no basta para considerar democrático el proceso ni, mucho menos, para otorgarle a quienes asumirán los cargos en juego, el reconocimiento de ser producto de la voluntad popular.
Nadie recibió ayer un mandato por parte de quienes, por ignorancia, disciplina partidista o conveniencia -difícil considerar otra motivación- acudieron a las urnas a depositar su voto. Pero tampoco se trataba de eso: el proceso no fue diseñado para construir una decisión colectiva conforme a las reglas de la democracia.
Para conseguir aquello habría sido necesario conocer proyectos en contraste y ofertas de construcción de un Poder Judicial a partir de premisas en controversia -lo cual es posible, sin duda-, así como observar una contienda real entre quienes “competían” por los cargos.
Nada de eso hubo y ello vuelve imposible considerar, a quienes serán declarados ganadores, sujetos a un mandato popular del cual deba, necesariamente, derivar una conducta específica, en lo individual, y un proceso de transformación, sin duda necesario, de las instituciones responsables de impartir justicia.
No puede por ello, la jornada ayer, recibir el calificativo -manido, es verdad, pero en algún grado cierto- de “fiesta democrática”, regularmente adjudicado a las elecciones ordinarias. Porque, con todos sus defectos, aquellas al menos conservan un grado de sinceridad y lo de ayer fue pura y dura simulación.
