Por primera vez en la historia moderna del país, hoy tomarán protesta, como integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), nueve personas que fueron –técnicamente– electas por el voto ciudadano y no, como ocurrió hasta ayer, por el Senado de la República a propuesta de quien ocupara la titularidad del Poder Ejecutivo.
La acotación realizada en el párrafo anterior es obligada, pues deriva de las muchas dudas que dejó el proceso de “elección” de los nuevos integrantes del Poder Judicial de la Federación, mismas que han sido discutidas ampliamente en las últimas semanas.
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Más allá de la polémica, sin embargo, lo cierto es que hoy asume una nueva generación de juzgadores que, al menos por lo que han dejado ver hasta el momento, están más preocupados por las formas que por el fondo y por ello han organizado un largo ceremonial que pareciera lanzar el mensaje de que los razonamientos con los cuales se juzgará no serán necesariamente los del derecho, sino los que dictan los usos y costumbres.
La “purificación” del edificio que alberga a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual forma parte del ritual organizado para el momento, sin duda es necesaria. Pero no como un acto cuasi esotérico que convoca a las “fuerzas cósmicas” para que infundan nueva energía en el lugar y en quienes lo ocuparán a partir de hoy.
Lo que se requiere es una purificación de los criterios jurídicos a partir de los cuales se imparte justicia y una erradicación de los vicios que ciertamente han caracterizado –si bien no de forma generalizada– la actuación de los órganos responsables de zanjar controversias.
Y es que, por mucho que el futuro presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, tenga un origen indígena y su historia personal esté vinculada a la lucha de los pueblos originarios del país, es preciso tener claro que su tarea consistirá en cumplir y hacer cumplir la ley que ha sido codificada por el Poder Legislativo.
“Servirle al pueblo” no implica –no ha implicado nunca– introducir criterios ajenos al Derecho codificado, sino justamente convertir a las normas que nos hemos dado como sociedad en fuente de justicia para todas las personas, sin importar cuál sea su origen, filiación política o creencias.
La historia, por supuesto, juzgará el valor de este viraje en la historia del Poder Judicial del país. En el futuro próximo, como ha ocurrido y ocurre en todas las naciones democráticas del mundo, quienes hoy llegan a ocupar el cargo de juzgadores serán calificados a partir de sus sentencias.
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No es, por desgracia, un buen augurio para la evaluación futura el que los nuevos responsables de impartir justicia hayan arribado al cargo merced a un proceso que, muy lejos de los ideales democráticos, fue desaseado en extremo y lanzó una pesada sombra de ilegitimidad sobre quienes resultaron electos.
Por ello, su primera tarea tiene que ser, sin duda, probar en los hechos que cuentan con las cualidades para el cargo.
