Puede que Elon Musk deje de dirigir el llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por su sigla en inglés), pero su legado allí ya está asegurado. El DOGE está montando un extenso sistema de vigilancia nacional para el gobierno de Donald Trump como nunca se ha visto en Estados Unidos.El presidente Trump podría disponer pronto de las herramientas necesarias para satisfacer sus numerosas quejas localizando rápidamente información comprometedora sobre sus oponentes políticos o sobre cualquier persona que simplemente le moleste. El gobierno ya ha declarado que planea examinar los registros fiscales para encontrar las direcciones de los migrantes que está investigando, un plan tan cuestionado moral y legalmente que llevó a varios altos funcionarios del IRS a dimitir en señal de protesta. Algunos trabajadores federales también han sido informados de que el DOGE está utilizando IA para cribar sus comunicaciones con el fin de identificar a quienes albergan sentimientos anti-Musk o anti-Trump (y presumiblemente castigarlos o despedirlos).
Esto supone un giro asombrosamente rápido de nuestra larga historia de aislar y resguardar los datos gubernamentales para evitar su uso indebido. En sus primeros 100 días, Musk y Trump han derribado las barreras que pretendían impedirles crear expedientes sobre cada residente en Estados Unidos. Ahora, parecen estar creando un rasgo definitorio de muchos regímenes autoritarios: archivos exhaustivos sobre todo el mundo para poder castigar a aquellos que protestan.
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“Esto es lo que siempre temimos”, dijo Kevin Bankston, abogado especializado en libertades civiles y asesor principal sobre gobernanza de la IA en el Centro para la Democracia y la Tecnología, una organización de derechos civiles y políticos. “La infraestructura para el totalitarismo llave en mano está ahí para una administración dispuesta a infringir la ley”.
En los últimos 100 días, los equipos del DOGE han obtenido datos personales sobre residentes estadounidenses de decenas de bases de datos federales y, al parecer, los están fusionando todos en una base de datos maestra en el Departamento de Seguridad Nacional. Este mes, legisladores demócratas de la Cámara de Representantes informaron de que un denunciante había revelado que la base de datos maestra combinará datos de agencias federales como la Administración del Seguro Social, el Servicio de Impuestos Internos y el Departamento de Salud y Servicios Humanos. El denunciante también alegó que los trabajadores del DOGE están llenando mochilas con varias computadoras portátiles, cada una de ellas cargada con datos robados de agencias.
Durante años, los defensores de la privacidad, entre los que me incluyo, nos hemos obsesionado con la cantidad de datos que poseen las grandes empresas tecnológicas. Conocen nuestra ubicación, controlan nuestro historial de navegación y nuestras compras por internet, y utilizan esa información para hacer deducciones sobre nuestros intereses y hábitos.
Pero los registros gubernamentales contienen información mucho más sensible que la que poseen incluso los gigantes tecnológicos: nuestros ingresos, nuestros números de cuenta bancaria, si nos han despedido, qué enfermedades padecemos, cuánto apostamos.
En 2009, el profesor de derecho de la Universidad de Georgetown, Paul Ohm, imaginó el ensamblaje de una cantidad de datos similar a la del DOGE y la llamó la “base de datos de la ruina”. “Casi todas las personas del mundo desarrollado pueden estar vinculadas al menos a un hecho en una base de datos informática que un adversario podría utilizar para el chantaje, la discriminación, el acoso o el robo financiero o de identidad”, escribió Ohm.
Todavía no hemos llegado al fondo de la cuestión. Parece que el DOGE aún no ha intentado recoger datos de las agencias de inteligencia, como la Agencia de Seguridad Nacional (NSA por su sigla en inglés), que recopilan enormes cantidades de comunicaciones entre extranjeros, y a menudo atrapan en su red las comunicaciones de los estadounidenses. (Dicho esto, no es alentador que el director de la NSA haya sido despedido recientemente, al parecer a instancias de un influente de internet que es amigo del presidente).
Aun así, la creación de una enorme base de datos gubernamental de información personal sobre los residentes en Estados Unidos es peligrosa y muy probablemente contraviene la ley. En la década de 1960, el gobierno de Lyndon B. Johnson propuso combinar todos sus expedientes federales en un nuevo “banco de datos” nacional.
El gobierno dijo que solo quería eliminar los registros duplicados y realizar análisis estadísticos, pero la población se indignó. El banco de datos se echó por tierra, y el Congreso aprobó la Ley Federal de Privacidad de 1974, que obliga a los organismos federales a obtener el consentimiento antes de divulgar los datos de las personas entre los distintos organismos.
De las más de 30 demandas que afectan al DOGE, varias alegan que sus incursiones en los datos violan la Ley de Privacidad. Hasta ahora, los tribunales han fallado a favor de los demandantes en dos de esos casos, dictando órdenes que limitan el acceso del DOGE a los datos de la Administración del Seguro Social y del Departamento del Tesoro. Ambos casos están en curso. Aunque las órdenes restringieron al DOGE la obtención de datos de identificación personal, sigue sin estar claro qué ocurre con los datos que ya se han recopilado.
Pero el problema más profundo es que la Ley de Privacidad carece de verdaderas protecciones. No le dio a los jueces la capacidad de imponer multas significativas ni de detener fácilmente las acciones ilegales. No estableció un brazo ejecutor para investigar las violaciones de la privacidad de formas que los tribunales no pueden investigarlas. Y desde entonces, el Congreso no ha sido capaz de aprobar nuevas leyes de privacidad exhaustivas ni de crear mecanismos de aplicación más fuertes.
Esto convierte a Estados Unidos en el único país de los 38 miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos que carece de una agencia de protección de datos que haga cumplir las leyes generales sobre privacidad. En la Unión Europea, cada país tiene una autoridad de protección de datos específica que puede realizar investigaciones, redactar normas, imponer multas e incluso exigir la suspensión del procesamiento de datos.
Sin un policía de la privacidad que vigile, los estadounidenses pueden presentar una solicitud a la Ley de Privacidad para intentar averiguar qué datos tiene el DOGE sobre ellos, o esperar que los jueces se pongan de su parte en una de las decenas de demandas que se abren camino en los tribunales. Aun así, el DOGE sigue yendo de organismo en organismo acaparando datos.
Por poner solo dos ejemplos recientes: el mes pasado, el DOGE se abrió paso a su antojo en los registros de nóminas federales de unos 276 mil trabajadores federales, poniendo en licencia administrativa a los funcionarios que se opusieron; y este mes, otro denunciante de la Junta Nacional de Relaciones del Trabajo presentó evidencias que demostraban que, tras la llegada de los trabajadores del DOGE, se produjo un aumento de los datos desviados desde la agencia.
“En ningún otro país, una persona como Elon Musk podría hurgar en las bases de datos gubernamentales y recopilar datos personales de empleados públicos, contribuyentes y veteranos”, dijo Marc Rotenberg, abogado especializado desde hace tiempo en privacidad y fundador del Centro de Inteligencia Artificial y Política Digital, un grupo de investigación sin fines de lucro. “Hay muchas leyes estadounidenses sobre privacidad. Pero estas solo son eficaces cuando las aplican agencias dedicadas a la privacidad”.
Necesitamos modernizar urgentemente nuestro enfoque de la privacidad creando una agencia federal de protección de datos con sólidos poderes de investigación.
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Pero antes de eso, aún estamos a tiempo de detener la creación de la base de datos de la ruina. El Congreso podría desfinanciar la DOGE, o derogar la orden ejecutiva de Trump que la establece, o apoyar la legislación que los senadores demócratas Ed Markey y Ron Wyden han presentado para actualizar la Ley de Privacidad a fin de proporcionar multas y sanciones penales más significativas.
Esto debería ser una cuestión bipartidista. Porque una vez creada una base de datos de la ruina, ninguno de nosotros está a salvo de que nuestra información —por inocua que sea— se utilice contra nosotros. c. 2025 The New York Times Company.
