Una nueva investigación del periodista Mario Gutiérrez Vega, publicada en LatinUs, destapó documentos oficiales que muestran cómo el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) otorgó contratos por más de 420 millones de pesos a dos empresas relacionadas con el senador de Morena, Carlos Lomelí Bolaños.
Las compañías Laboratorios Solfran y Abastecedora de Insumos para la Salud firmaron convenios entre mayo y junio de 2025 para surtir materiales hospitalarios y medicamentos básicos, como aspirinas, electrolitos orales, jaleas lubricantes y tubos de aspiración. Los contratos fueron adjudicados de manera directa, sin licitación pública.
ADJUDICACIONES EN MEDIO DEL DESABASTO DE MEDICAMENTOS
Los contratos coinciden con uno de los periodos más críticos del sistema de salud pública, marcado por protestas de pacientes y médicos que denunciaron el desabasto de medicamentos esenciales.
El IMSS justificó las compras como parte de un “proceso de emergencia” para mantener el suministro en unidades médicas del país. Sin embargo, la coincidencia entre el cargo político del senador y los beneficios obtenidos por sus empresas generó preocupación entre especialistas en transparencia.
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De acuerdo con los registros:
• Laboratorios Solfran recibió al menos 260 millones de pesos.
• Abastecedora de Insumos para la Salud obtuvo más de 160 millones.
Ambas firmas comparten dirección fiscal en Guadalajara, Jalisco, además de vínculos administrativos con el propio Lomelí, quien desde el 18 de septiembre de 2025 preside la Comisión de Marina en el Senado.
POSIBLE CONFLICTO DE INTERÉS ENTRE NEGOCIOS Y FUNCIÓN PÚBLICA
Fuentes legislativas citadas por LatinUs afirmaron que la Comisión de Marina sostuvo reuniones con autoridades del sector salud para coordinar el envío de insumos a hospitales navales. Esto, según especialistas, podría constituir un conflicto de interés, ya que el senador mantiene una relación directa con las empresas proveedoras.
Aunque el IMSS aseguró que los contratos se firmaron conforme a la Ley de Adquisiciones y fueron revisados por su área jurídica, analistas advirtieron que el caso pone en duda la imparcialidad y la transparencia en los procesos de compra pública.
El senador Carlos Lomelí ya había sido señalado en 2019 por irregularidades en la venta de medicamentos al gobierno federal, lo que provocó su salida temporal del cargo de superdelegado federal en Jalisco.
CONTRATOS EN VARIOS ESTADOS Y ENTREGA PROLONGADA
Los registros de Compranet y el portal de Transparencia Federal indican que las empresas de Lomelí mantienen convenios no solo con el IMSS, sino también con instituciones de salud en Jalisco, Nayarit y Guanajuato, donde se concentraron buena parte de las entregas.
En total, los contratos incluyen 52 partidas de suministro con fechas de entrega que se extienden hasta septiembre de 2025, abarcando productos como material quirúrgico, analgésicos, soluciones orales y suplementos médicos.
El monto acumulado posiciona a las compañías del senador entre los principales proveedores del sector salud federal, pese a las sanciones y observaciones que habían enfrentado años atrás por presuntas prácticas monopólicas.
REACCIONES Y FALTA DE TRANSPARENCIA
Hasta el momento, Carlos Lomelí Bolaños no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre los contratos. En contraste, la dirigencia de Morena en el Senado defendió el trabajo del legislador, asegurando que no existe conflicto alguno mientras las operaciones cumplan con las normas de contratación pública.
Sin embargo, expertos en ética gubernamental sostienen que el caso refleja la falta de controles claros entre el sector público y el privado, especialmente cuando involucra a figuras políticas activas.
Organizaciones de la sociedad civil han solicitado a la Secretaría de la Función Pública (SFP) y al INAI investigar el caso y determinar si las adjudicaciones violan los principios de transparencia y rendición de cuentas.
DATOS CURIOSOS
• En 2019, la Secretaría de la Función Pública investigó a Lomelí por posibles vínculos entre sus empresas y contratos del IMSS, aunque nunca se dictó sanción definitiva.
• Laboratorios Solfran fue fundada en 1999, pero comenzó a recibir contratos federales de alto valor a partir de 2018.
• Las dos empresas involucradas comparten el mismo domicilio fiscal en la zona metropolitana de Guadalajara, donde también se ubican las oficinas del senador.
El caso de Carlos Lomelí Bolaños y los contratos del IMSS pone nuevamente sobre la mesa el debate sobre la ética y los límites del poder político en los negocios públicos.
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Aunque las autoridades argumentan que las adjudicaciones cumplieron con los procedimientos legales, la coincidencia entre la posición del senador y los beneficios económicos de sus empresas refuerza las sospechas sobre falta de transparencia y posible conflicto de interés.
En medio de un sistema de salud que enfrenta desabasto y desconfianza, los contratos millonarios ligados a figuras políticas evidencian que la rendición de cuentas sigue siendo un desafío pendiente en México.
