Desde hace muchos años, los concesionarios del transporte urbano sostenían una guerra con las autoridades municipales para lograr alzas en las tarifas, bajo la promesa de prestar el servicio mediante unidades nuevas, aseo personal, trato cortés por parte de los conductores y puntual cumplimiento del reglamento de tránsito. Sin embargo, pasaba el tiempo y no cumplían con la parte que les tocaba, mientras que los alcaldes sí otorgaban el visto bueno para incrementar el precio del boleto.
