Esta primavera, diplomáticos estadounidenses de varias misiones en el extranjero recibieron un cable urgente de Washington. El documento les decía que pidieran a nueve países de África y Asia Central que acogieran a personas expulsadas de Estados Unidos que no fueran ciudadanos de esas naciones, incluyendo a delincuentes.
Era una muestra de la amplia campaña del presidente Donald Trump para lograr que los países acepten a los deportados de Estados Unidos. Los diplomáticos estadounidenses están buscando el apoyo de países de todos los rincones del planeta, incluyendo algunos afectados por la guerra o conocidos por cometer abusos contra los derechos humanos.
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Funcionarios estadounidenses han contactado a los gobiernos de Angola, Mongolia y la asediada Ucrania. Kosovo aceptó recibir hasta 50 personas. Costa Rica retiene a decenas.
El gobierno estadounidense pagó 100.000 dólares a Ruanda para que recibiera a un iraquí, y está analizando la posibilidad de enviar más deportados a ese país. Hasta el momento, Perú ha dicho que no, a pesar de que se le ha presionado en repetidas oportunidades.
“Estados Unidos está ansioso por asociarse con países que estén dispuestos a aceptar” personas, decía la comunicación, fechada el 12 de marzo. Entre los posibles destinos mencionaba Túnez, Togo y Turkmenistán.
Y recientemente el gobierno estadounidense planeaba transportar en avión a ciudadanos de países principalmente asiáticos y latinoamericanos a Libia y Sudán del Sur, naciones asoladas por la guerra, hasta que un tribunal de distrito bloqueó esas expulsiones. Libia era uno de los nueve países mencionados en el cable oficial, del que no se había informado anteriormente.
La Corte Suprema dictaminó el lunes que el gobierno de Trump tiene derecho a expulsar personas a países que no fueran el suyo, posiblemente allanando el camino para el vuelo de deportación a Sudán del Sur y otras medidas similares en todo el mundo.
“Enciendan los aviones de deportación”, escribió en las redes sociales Tricia McLaughlin, vocera del Departamento de Seguridad Nacional.
Durante años, tanto los gobiernos republicanos como los demócratas han pedido a los países que acepten a algunos de sus propios ciudadanos de vuelta. Trump está haciendo lo mismo, pero también está intentando establecer una red de países que acepten a personas de cualquier lugar del mundo y las pongan en prisiones, campos u otras instalaciones. En algunos casos, los gobiernos extranjeros podrían permitir a las personas solicitar asilo, o intentar devolverlas a sus países de origen.
El gobierno de Trump ha hablado con al menos 29 países de Europa, América Latina, África y Asia, según una revisión realizada por The New York Times de documentos del gobierno estadounidense, que incluyen cables diplomáticos no revelados anteriormente, y entrevistas con funcionarios.
Además, el Departamento de Estado pidió a los diplomáticos en el extranjero que contacten al menos a otros 29 países, la mayoría de ellos en África, para alcanzar un total de al menos 58. Siete han accedido a la petición del gobierno; las demás conversaciones están en curso.
Muchos de los 58 países están sujetos a una nueva prohibición total o parcial de viajar a Estados Unidos impuesta por el gobierno de Trump, o están siendo considerados para ser incluidos en ella. Un cable del Departamento de Estado fechado el 14 de junio daba instrucciones a los diplomáticos para que dijeran a los países en consideración, de los que la mayoría se encuentran en África, que podrían quedar fuera de la lista si aceptaban recibir deportados que no fueran sus ciudadanos.
También se podría pedir a las 36 naciones consideradas que hagan las veces de “tercer país seguro” para aceptar a los migrantes que solicitaran asilo en Estados Unidos.
Los esfuerzos por llegar a acuerdos a escala mundial revelan las medidas extremas que Trump está dispuesto a tomar para cumplir sus aspiraciones de hacer deportaciones masivas, aunque eso signifique enviar a los inmigrantes hacia el peligro o la incertidumbre.
Algunos países quieren pagos o favores a cambio. Otros han dicho a los diplomáticos que se sienten incómodos aceptando a migrantes que no tengan ningún vínculo con sus países, o temen que se produzca una reacción interna si aceptan recibir algunos.
En algunos casos, el gobierno de Trump ha estado dispuesto a pagar, como en el caso de El Salvador, país al que le dio alrededor de 5 millones de dólares después de que metiera en una prisión de máxima seguridad a más de 200 inmigrantes venezolanos a los que el gobierno acusaba de ser miembros de bandas.
En años recientes, Venezuela, al igual que otros países, se negó a aceptar vuelos regulares de deportación procedentes de Estados Unidos, por lo que el nuevo gobierno de Trump buscó naciones dispuestas a acoger a los venezolanos expulsados. Luego de ser presionado, el gobierno venezolano accedió a recibir vuelos en marzo, pero el flujo ha sido mínimo.
Entre más lejos de Estados Unidos, mejor
Trump y sus colaboradores han presentado la campaña como un esfuerzo para expulsar a criminales o individuos antiestadounidenses y frenar una “invasión”. Sin embargo, no han presentado pruebas de que la inmensa mayoría de las personas detenidas para su deportación hayan cometido algún delito.
En una reunión de gabinete, el secretario de Estado Marco Rubio habló apasionadamente sobre el proceso: “Estamos trabajando con otros países para decirles: ‘Queremos enviar a algunos de los seres humanos más despreciables a sus países, ¿nos harían ese favor? Y entre más lejos de Estados Unidos, mejor, para que no puedan volver a cruzar la frontera”.
El Departamento de Estado dijo en un comunicado que “varios” países habían acordado aceptar individuos que no son sus ciudadanos, y añadió que no discute los detalles de las conversaciones diplomáticas.
Casi ninguno de los gobiernos extranjeros mencionados en los cables que detallan los intercambios respondió los correos electrónicos en busca de comentarios cuando el Times se puso en contacto con ellos. Sin embargo, unos cuantos emitieron declaraciones: Kosovo confirmó su acuerdo, mientras que Angola dijo que no recibiría a nadie.
Críticos de las deportaciones y abogados afirman que se necesitan audiencias judiciales para determinar si la ley permite la expulsión de cada individuo. También sostienen que el gobierno está ignorando la posibilidad de que se cometan abusos contra los derechos humanos en algunos de los países dispuestos a recibirlos.
Esa parece ser la cuestión. Los funcionarios del gobierno afirman que intentan enviar un mensaje a aquellos que se encuentran de manera ilegal en Estados Unidos: que si no se marchan voluntariamente, los migrantes podrían terminar viviendo condiciones brutales en una tierra lejana.
Ya se ha informado sobre algunos aspectos de ese esfuerzo diplomático. Pero entrevistas recientes y documentos oficiales obtenidos por el Times, fechados entre enero y junio, revelan nuevos detalles y el vasto alcance de esos esfuerzos.
Otros gobiernos han deportado migrantes a países lejanos, pero solo en contadas ocasiones. En cambio, el gobierno de Trump ha adoptado una amplia política de intentar expulsar a personas a países que no son su patria, una medida que antiguos diplomáticos describen como algo sin precedentes.
“Están logrando aterrorizar a la gente”, dijo Eric Rubin, diplomático retirado que fue embajador estadounidense en Bulgaria durante el gobierno de Obama y el primer mandato de Trump. “La mayoría de las personas de las que estamos hablando no han cometido ningún delito”.
Familiares de los deportados, incluyendo aquellos que han sido condenados por delitos y cumplido penas de prisión, afirman que dichas expulsiones son injustas.
“Lo enviaron en mitad de la noche y trataron de hacerlo desaparecer en un tercer país que está en medio de una maldita guerra civil”, dijo Ngoc Phan, esposa de Tuan Thanh Phan, nacido en Vietnam y residente en el estado de Washington, quien estaba en el avión de deportación con destino a Sudán del Sur. El vuelo fue desviado a una base militar estadounidense en Yibuti mientras se lleva a cabo un proceso judicial sobre la deportación de Phan y otros siete hombres.
Sudán del Sur es tan peligroso que la embajada estadounidense en ese país ordenó a los familiares de los diplomáticos y a algunos empleados que abandonen el país y pidió que una unidad de marines desplegada allí permanezca más tiempo, de acuerdo con un cable.
Detenidos en Latinoamérica
Tras la toma de posesión de Trump el 20 de enero, él y Rubio de inmediato enfocaron su atención en hacer deportaciones masivas.
Con el paso de los meses, el esfuerzo ha crecido.
Los diplomáticos estadounidenses en Washington, y en embajadas y consulados de todo el mundo, les han dicho a sus homólogos extranjeros que los gobiernos dispuestos a aceptar a “nacionales de terceros países” expulsados se ganarán el favor del gobierno de Trump, según funcionarios estadounidenses con conocimiento de las conversaciones. Hablaron bajo condición de anonimato para tratar asuntos diplomáticos delicados.
Los diplomáticos han tenido cierto éxito, sobre todo con países de América Latina.
En uno de los ejemplos más llamativos, Panamá recibió en febrero a alrededor de 300 deportados de África, Asia Central y otros lugares. Primero fueron retenidos en un hotel. Los que se negaron a abordar vuelos de deportación a sus países de origen fueron llevados a un campamento en la selva. Fueron liberados después de que los abogados demandaran al gobierno de Panamá.
Ese mismo mes, Costa Rica recibió a 200 deportados, entre ellos ciudadanos de China, India y Nepal, así como una familia yemení de tres miembros, según cables del Departamento de Estado. Para esta semana, 107 habían vuelto a sus países de origen.
En el caso de los deportados que enfrentan amenazas en su país, los diplomáticos costarricenses han pedido apoyo a Estados Unidos para integrar a los ciudadanos en su sociedad, con el argumento de que esto aumentaría la disposición del país a aceptar a otros deportados en el futuro, según un cable.
A principios de abril, el gobierno de Trump deportó a un grupo de inmigrantes mexicanos a Guatemala. Sin embargo, las autoridades guatemaltecas dijeron que no esperaban su llegada y se apresuraron a enviar el grupo a México.
Las autoridades estadounidenses afirmaron que ambos países sabían del vuelo y que la deportación era una forma de disuasión.
“Si entras ilegalmente, serás expulsado, y de una forma que hace mucho más difícil que vuelvas a intentarlo”, dijo McLaughlin.
El ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Carlos Ramiro Martínez, declaró al Times este mes que su país aceptaría deportados que fueran ciudadanos de otras naciones centroamericanas, pero que actuaría con rapidez para enviarlos a casa por tierra.
Cerca de ahí, Honduras está permitiendo que Estados Unidos envíe inmigrantes venezolanos a una base militar ubicada en ese país para enviarlos en vuelos separados con destino a Venezuela.
Funcionarios peruanos dijeron a diplomáticos estadounidenses en una reunión realizada el 28 de enero que la acogida de no ciudadanos era una cuestión “delicada” para su gobierno, según decía un cable del Departamento de Estado de ese mes. Señalaron que ya hay casi dos millones de venezolanos en Perú y que muchos peruanos culpan a los inmigrantes del aumento de la delincuencia.
El ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Elmer Schialer, reiteró este mensaje el 16 de junio en una reunión en la que un diplomático estadounidense volvió a pedir a Perú que acogiera a los no ciudadanos, según un nuevo cable. Sin embargo, Schialer dijo que su país consideraría la opción, ya que era importante que “los amigos ayuden a los amigos”.
Vuelos a Asia, África y Europa
El gobierno de Trump también ha centrado su atención en países más lejanos para que reciban migrantes.
Los diplomáticos estadounidenses incluso se acercaron a Ucrania, que desde 2022 está luchando contra una invasión rusa a gran escala. Según un cable, un funcionario ucraniano le dijo a un homólogo estadounidense que el gobierno consideraría la petición de Washington.
Los dirigentes ucranianos están tratando de trabajar con Trump para negociar un acuerdo que ponga fin a la guerra.
Moldavia, que limita con Ucrania, está “dispuesta a aceptar condicionalmente” a 100 deportados de otras naciones, según un memorando del Departamento de Seguridad Nacional de finales de marzo.
Los diplomáticos estadounidenses se han acercado a la represiva Camboya, en el sudeste asiático, y también ven a Uzbekistán, en Asia Central, como un posible candidato. En mayo, Uzbekistán fletó un vuelo de Nueva York a su capital, Taskent, que transportó a 92 uzbekos, a 19 personas originarias de Kazajstán y a 20 de Kirguistán, según un cable del Departamento de Estado.
Sin embargo, Uzbekistán dijo a Estados Unidos que no quería convertirse en un centro regional de deportados no uzbekos, según el cable.
Del mismo modo, un diplomático georgiano no ofreció una “respuesta sustantiva” sobre una propuesta de aceptar a no ciudadanos, pero expresó su “continua apertura a la cooperación”, decía otro cable.
Y, en marzo, los diplomáticos estadounidenses empezaron a presionar a los funcionarios de Kosovo. Hicieron seis reuniones en el transcurso de tres meses y fijaron el 8 de mayo como fecha límite para obtener una respuesta.
Los funcionarios kosovares dijeron el 12 de mayo que aceptarían recibir hasta 50 personas, pero comunicaron a los estadounidenses que tomar esta decisión “no fue fácil”, dadas las dificultades del gobierno y las “posibles consecuencias políticas”, decía un cable estadounidense. Los funcionarios señalaron que preferían mujeres y niños.
Y sugirieron que Kosovo, que declaró su independencia de Serbia en 2008, necesitaba algo a cambio. Los funcionarios dijeron que querían que Estados Unidos siguiera presionando a otras naciones para que reconocieran a Kosovo como Estado soberano, según una nota diplomática obtenida por el Times.
También se han efectuado conversaciones similares en África.
A finales de marzo, un diplomático estadounidense se reunió con funcionarios del gobierno del minúsculo reino de Esuatini, antes conocido como Suazilandia, con el fin de presionarlo para que acogiera a ciudadanos de otras naciones expulsados, según decía el memorando del Departamento de Seguridad Nacional.
Sin embargo, desde el pasado octubre, el país se enfrenta a una afluencia de 1100 refugiados y solicitantes de asilo procedentes de Mozambique, de acuerdo con un cable del Departamento de Estado. Esto plantea dudas sobre si Esuatini dispone de los recursos necesarios para recibir a personas procedentes de Estados Unidos. Además, un reciente informe sobre derechos humanos del Departamento de Estado menciona numerosos abusos en el país, como ejecuciones extrajudiciales y torturas.
Al día siguiente de la reunión de marzo en Esuatini, funcionarios de los departamentos de Seguridad Nacional y de Estado informaron de que estaban cerca de llegar a un acuerdo con Angola, según el memorando del Departamento de Seguridad Nacional.
El cable del Departamento de Estado fechado el 12 de marzo menciona a Angola como una de las nueve naciones objetivo de África y Asia. Las otras eran Libia, Marruecos, Túnez, Ruanda, Togo, Mauritania, Tayikistán y Turkmenistán. El cable decía que se trataba de naciones potencialmente “seguras” en las que la gente podía solicitar asilo, aunque Libia está devastada por un conflicto civil y el autoritario Turkmenistán tiene un pésimo historial en materia de derechos humanos, según informes del Departamento de Estado.
Ruanda parece estar dispuesta. Luego de que el gobierno de Trump le pagara al país 100.000 dólares en abril para que aceptara a un ciudadano iraquí, el gobierno ruandés aceptó recibir a otros 10 deportados, según dijo un cable estadounidense. El episodio del iraquí “demostró el concepto de un nuevo programa de expulsión”, dijo el cable. Pero el gobierno de Trump está intentando negociar un acuerdo mejor, según un funcionario estadounidense familiarizado con el asunto.
En contraste, un cable de este mes decía que Burkina Faso no puede acoger a no ciudadanos. Los diplomáticos estadounidenses también han pedido a Etiopía y a Santo Tomé y Príncipe, una pequeña nación insular africana, que reciban a no ciudadanos, decían otros dos cables.
Mark Hetfield, presidente de HIAS, una agencia de reasentamiento de refugiados, dijo que los cientos de expulsiones realizadas hasta ahora desde Estados Unidos eran “otro clavo en el ataúd del papel de Estados Unidos como defensor de los derechos humanos”.
“Imagina que te expulsan a un país donde no tienes lazos familiares, donde no conoces el idioma ni la cultura, en el que ni siquiera has estado nunca, y con un historial atroz en materia de derechos humanos”, dijo Hetfield. “Imagina que esto ocurre cuando no puedes acceder a un abogado que te represente antes de ser deportado a un lugar así. Esto es lo que busca el gobierno de Trump”.
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