El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general, por 440 votos a favor, reformar la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario; la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal; la Ley de Vías Generales de Comunicación, y la Ley General de Bienes Nacionales, en materia ferroviaria.
La finalidad es armonizar las leyes secundarias con la reforma constitucional aprobada por el Congreso el año pasado, que estableció que los ferrocarriles, tanto de transporte de pasajeros, como de carga, son área prioritaria para el desarrollo nacional.
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‘Es indispensable fortalecer la legislación en la materia, esto permitirá establecer una estructura jurídica más sólida que facilite la materialización de proyectos ferroviarios que impulsen el desarrollo económico nacional, asimismo, promover la competitividad e implementar una política sustentable de desarrollo sectorial y regional, incluyendo, cuando sea necesario, la participación del sector privado’, refiere el dictamen avalado.
Señala que resulta necesario crear el organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, denominado Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI).
Este estará sectorizado a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, y contará con las atribuciones para que el Estado mexicano ejerza un mayor control respecto a la construcción, conservación y mantenimiento de la infraestructura ferroviaria.
‘Con la creación de la ATTRAPI se consolidará una estructura especializada capaz de coordinar, de manera eficiente, los proyectos ferroviarios históricos impulsados por la actual administración. Asimismo, permitirá brindar acompañamiento técnico y estratégico a los estados y municipios en el desarrollo de proyectos en el en dicho sector’, refiere el documento.
La ATTRAPI dará continuidad y buscará robustecer las actividades de regulación, vigilancia, supervisión y verificación del transporte ferroviario de carga y de pasajeros, bajo la lógica de consolidar el servicio público de transporte ferroviario, refiere.
La reforma a la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario establece sanciones por el incumplimiento de la obligación de contar con una garantía legalmente otorgada, o con pólizas de seguro vigentes para el cumplimiento de concesiones, asignaciones, permisos o autorizaciones de conformidad con la normatividad ferroviaria.
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‘Con ello se busca garantizar el pago de indemnizaciones por daños a terceros y a las vías generales de comunicación, mediante la contratación de seguros que cubran íntegramente estos riesgos’, señala el dictamen.
