POZA RICA, VER.- Diversas organizaciones de defensa de la libertad de expresión y asociaciones de periodistas condenaron la detención del reportero veracruzano Rafael Vela León, quien fue imputado por los presuntos delitos de terrorismo, encubrimiento por favorecimiento y delitos contra las instituciones de seguridad pública.
Tras su aprehensión, se le notificaron formalmente los cargos y un juez de control calificó como legal la detención, además de imponer la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar, de acuerdo con la información disponible.
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Hasta el momento, no se han hecho públicos los hechos específicos por los cuales el comunicador es señalado por la comisión de delitos considerados graves, lo que ha motivado cuestionamientos por parte de organizaciones defensoras de derechos humanos.
La organización Artículo 19 exhortó a las autoridades de Veracruz, en particular a la Fiscalía General del Estado, a respetar el debido proceso y a abstenerse de criminalizar la labor periodística, conforme a los estándares nacionales e internacionales en materia de libertad de expresión.
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Asimismo, solicitó a la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas y al Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que evalúen de manera inmediata el nivel de riesgo del reportero y otorguen medidas de protección adecuadas para salvaguardar su integridad.
Artículo 19 señaló que la cobertura de hechos de violencia o de interés público no puede ser utilizada como base para imputar delitos a periodistas, y anunció que dará seguimiento puntual al desarrollo del caso.
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Por su parte, la Asociación Mexicana de Comunicadores y Periodistas de Coatzacoalcos (AMECOPE) se manifestó en contra de cualquier persecución política o judicial que vulnere el derecho a la libertad de expresión y reprima el ejercicio periodístico en el estado de Veracruz.
La organización también exigió que el procedimiento judicial se lleve a cabo con estricto apego al debido proceso, y solicitó la intervención de la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas para determinar si la privación de la libertad del comunicador pudiera estar relacionada con el ejercicio de su labor informativa. Con información de El Universal
