Poco antes de asumir el cargo de magistrado por elección popular, Miguel Ernesto Leetch San Pedro fue denunciado por el Instituto Federal de la Defensoría Pública, al que perteneció 14 años, por cobrar sobornos a personas a las que debía atender de forma gratuita.
El Instituto lo denunció ante la Fiscalía General de la República y también ante la Contraloría del entonces Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
TE PUEDE INTERESAR: Líderes criminales en Michoacán están ubicados desde hace tres años y siguen impunes
Leetch pidió el soborno a Karel Angélica Ramírez Rojas, esposa de Sahid Ragani, un ciudadano marroquí detenido el año pasado por tráfico de indocumentados, en su modalidad de albergue.
Leetch supuestamente cobró 126 mil pesos a la esposa de su representado para costear sus “viáticos” y realizar diligencias.
Y, presumiblemente, también le pidió entre 300 y 500 mil pesos para sobornar a la FGR y conseguir la liberación del esposo, internado en el Penal del Altiplano, a través del beneficio conocido como criterio de oportunidad.
