El influyente expresidente colombiano Álvaro Uribe fue declarado culpable el lunes por una jueza de los delitos de soborno a testigos y fraude procesal, en un fallo sin precedentes en la historia del país sudamericano.
La jueza se limitó a anunciar el sentido del fallo -culpable o absuelto- y se espera que el viernes, una próxima audiencia, dé a conocer la condena concreta que debe cumplir el exmandatario, quien se expone a una pena de hasta 12 años de cárcel. Por ahora, Uribe continúa en libertad, hasta tanto la juez decide.
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El fallo, que es de primera instancia, puede ser apelado por la defensa del expresidente ante un tribunal.
El expresidente, de 73 años, fue acusado por la fiscalía de idear y promover una estrategia para manipular a testigos, con ayuda de terceros, para que cambiaran sus versiones o declarasen que él no tenía vínculos con el paramilitarismo, lo que para la fiscalía constituyó un intento de engañar a la justicia.
Uribe siempre se declaró inocente y alega que es víctima de una persecución política.
La jueza Sandra Heredia aseguró que pudo acreditar que Uribe indujo al abogado Diego Cadena a cometer soborno en actuación penal y fraude procesal. “No cabe duda que el procesado sabía de su proceder… Él mismo la ejecutaba desde las sombras”, indicó en la audiencia.
Cadena enfrenta un juicio paralelo por soborno a testigos y fraude procesal por los mismos hechos por los que es procesado el expresidente.
La resolución judicial fue rechazada por políticos uribistas que lo calificaron como el “fallo de la infamia”, al considerarlo arbitrario.
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, también mostró su apoyo al expresidente al considerar que su “único delito” ha sido “defender su patria” e indicó que le preocupa que se esté instrumentalizando la justicia por parte de “jueces radicales”.
El presidente colombiano, Gustavo Petro, consideró lo dicho por Rubio como “una intromisión en asuntos judiciales de otro país” a la soberanía colombiana.
Pese al fallo de culpabilidad, la jueza absolvió a Uribe en uno de los hechos de soborno al considerar que la defensa fue capaz de probar que no tuvo que ver con el traslado de una cárcel a otra a la exfiscal Hilda Niño Farfán, condenada por corrupción, a quien la fiscalía indicaba que Uribe le había dado beneficios para declarar.
El conservador Uribe Vélez, quien gobernó entre 2002 y 2010, ha sido uno de los líderes más influyentes del país en las últimas dos décadas. Apadrinó a los dos presidentes que lo sucedieron en el poder y actúa como líder del partido político Centro Democrático, el principal opositor al actual presidente izquierdista.
Sin embargo, ha lidiado con un proceso judicial que tuvo su inicio en 2012, cuando el expresidente denunció al senador de izquierda Iván Cepeda señalándolo de supuestamente buscar en las cárceles testigos que lo señalaran de tener vínculos con el paramilitarismo.
La Corte cerró en 2018 la causa contra Cepeda y, en un inesperado giro, abrió una contra Uribe Vélez, sospechando que era él quien había intentado manipular a los testigos a través de terceras personas.
Por orden de la Corte, Uribe Vélez estuvo en prisión domiciliaria durante dos meses, lo que generó protestas a favor y en contra de la decisión. El caso salió del radar de la Corte cuando Uribe Vélez renunció a su banca en el Senado y el caso pasó a manos de la Fiscalía.
La fiscalía pidió cerrar el caso contra Uribe Vélez tres veces al no encontrar méritos para acusarlo, pero los jueces negaron su pretensión.
El caso dio un nuevo vuelco cuando la fiscalía, administrada por una nueva fiscal general, decidió acusar formalmente a Uribe Vélez y llevarlo a un juicio que inició en febrero.
Tras la decisión condenatoria, Cepeda aseguró que se hizo justicia y se demostró que es posible un control “eficaz de los políticos más poderosos y sus crímenes”.
”No solamente sentimos que se honra nuestra dignidad sino la de muchas víctimas en Colombia”, dijo a la prensa Cepeda, quien fue considerado víctima en el juicio.
LAS CLAVES DEL JUICIO
Por ser un caso inédito en el país, la prensa local lo denominó “el juicio del siglo”, generando alta expectativa durante sus más de 60 audiencias en las que intervinieron decenas de testigos, incluido el propio Uribe Vélez, quien se defendió asegurando que nunca intentó engañar a la justicia.
La fiscalía aseguró que Uribe Vélez, a través del abogado Diego Cadena, intentó con sobornos cambiar la versión de Juan Guillermo Monsalve, un exparamilitar condenado por secuestro extorsivo, que declaró que el grupo paramilitar al que perteneció fue creado en la década de 1990 en la hacienda Las Guacharacas, que perteneció a la familia de Uribe Vélez.
La defensa de Uribe Vélez aseguró que él no buscó a Monsalve, sino que fueron a la cárcel a oír sus intenciones tras enterarse de que quería retractarse de sus dichos. El exmandatario dijo que la versión de Monsalve es mentira porque no volvió a la hacienda desde 1983 luego de que su padre fue asesinado por una guerrilla.
Uribe Vélez logró en su gobierno desmovilizar a los grupos paramilitares que se sometieron a una justicia especial en la que declararon sus crímenes a cambio de pocos años de cárcel. Algunos de los máximos cabecillas fueron extraditados a Estados Unidos.
Según la fiscalía, Cadena habría buscado en nombre de Uribe Vélez al exparamilitar Carlos Enrique Vélez, alias “Víctor,” para que declarara a su favor a cambio de dinero. La defensa aseguró que el exmandatario no se enteró de ayudas económicas entregadas al exparamilitar sino tiempo después y las rechazó de inmediato.
Durante el juicio, la fiscalía aseguró que el expresidente buscó al exparamilitar Juan Carlos Sierra, alias “El Tuso”, quien estando preso en Estados Unidos envió cartas a la Corte Suprema de Justicia asegurando que Cepeda le ofreció beneficios a cambio de declarar contra el expresidente.
”Queda claro que yo lo extradité (a Estados Unidos), que nunca hemos hablado”, aseguró Uribe Vélez, quien dijo que recibió informaciones de “personas serias” de su versión, por lo que le pidió a Cadena verificarla.
