“Vivimos una pesadilla”, “es increíble que apilaran así los cuerpos”, “estamos atravesado un segundo duelo”, “¿cuándo nos llegará la justicia?”, son sólo algunas de las frases que todos los días se repiten las familias que creen que su difunto forma parte de los 386 cuerpos que hace un mes fueron encontrados sin incinerar en el crematorio Plenitud, en Ciudad Juárez, Chihuahua.
A 30 días del hallazgo del crematorio, ubicado en la colonia Granjas Polo Gamboa, ahora las familias luchan por obtener justicia, por saber si su familiar está entre los 386 cuerpos y para que se castigue no sólo a los dueños del crematorio, sino también a las funerarias y autoridades de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coespris) que permitieron que el lugar operara sin ser supervisado.
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En este mes, los afectados formaron el colectivo Justicia para Nuestros Deudos, que suma al menos 120 familias que buscarán llevar el caso hasta las últimas consecuencias con el fin de darle un descanso digno a sus difuntos.
El caso comenzó el 26 de junio, cuando la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Coespris informaron en conferencia de prensa que se investigaba un crematorio y una funeraria local por posibles faltas administrativas.
En ese momento se señalaba que, en el crematorio, que contaba con los permisos para operar, había aproximadamente 60 cuerpos acumulados en cuartos con refrigeración insuficiente.
A raíz de ello se realizó un operativo en el inmueble, en donde la Dirección de Servicios Periciales, la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), Coespris y la FGE inspeccionaron el lugar.
Para el domingo 29 de junio, la fiscalía actualizó la cifra y subió a 381 cuerpos, después a 386 cadáveres localizados en el lugar y almacenados en un tráiler con refrigeración de Servicios Periciales, que después fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo).
Después de ese hallazgo las autoridades en Ciudad Juárez comenzaron las investigaciones y durante los primeros días de julio se confirmó la detención de José Luis A. C., de 39 años, dueño del crematorio que daba servicio a seis funerarias locales, y de Facundo M. R., de 64 años, quien era empleado.
Ambos fueron vinculados a proceso por los delitos de inhumación, exhumación y respeto a los cadáveres o restos humanos en perjuicio de la sociedad; la próxima audiencia será el 4 de enero de 2026.
Hasta la fecha sólo estas dos personas han sido detenidas, mientras que la Secretaría de Salud, así como la gobernadora María Eugenia Campos Galván, aseguraron que se realizan las investigaciones correspondientes para determinar responsabilidades contra funcionarios de la Coespris por haber permitido la operación del crematorio y el apilamiento de los cuerpos.
Mientras eso pasa, las familias esperan que la fiscalía les confirme si su fallecido forma parte de los 386 cuerpos, después de que llevaron identificaciones, cenizas, ropa y demás datos, incluso contratos con las funerarias que solicitaron los servicios de cremación en el lugar.
Sólo 14 cuerpos han sido identificados
Hasta el miércoles 23 de julio la FGE había informado que sólo 14 personas encontradas en el crematorio Plenitud ya habían sido identificadas de manera oficial.
De este número, se había notificado y entregado a sus familiares a sólo 11 de ellos.
De manera oficial, la FGE informó a EL UNIVERSAL que, de los 386 cuerpos, 213 eran hombres, 165 mujeres y ocho indeterminados.
Aseguró que personal especializado se ha enfocado en su individualización e identificación, por lo que también se prevé que en los próximos días se entreguen 10 dictámenes más, para alcanzar un total de 24 personas identificadas.
A la fecha se trabaja de cerca con el Instituto Nacional Electoral (INE), organismo al que ya se enviaron 71 huellas dactilares, de las que seis coincidieron con alguna identidad.
Además, 110 cadáveres se encuentran en proceso de hidratación para la obtención de huellas dactilares y su posterior cotejamiento.
Se detalló que cerca de mil 700 personas habían sido atendidas en entrevistas, de las que mil 150 corresponden directamente a familiares cuyos fallecidos posiblemente ingresaron al crematorio Plenitud, y el resto son de otros crematorios.
Familias buscan ser escuchadas
Con el paso de los días, las familias afectadas se han dado a la tarea de dar a conocer sus casos, para así ejercer presión a las autoridades y lograr identificar a sus difuntos.
María Elena Escobar dice a EL UNIVERSAL que en 1994 falleció su padre Alfonso Escobar Delgado, y en 2021 murió su madre, y decidieron exhumar el cuerpo de su papá y cremarlo para que descansara junto a su esposa.
Ahora, la culpa la invade a ella y a sus familiares, pues la cremación se realizó por parte de la funeraria en el Plenitud y no tienen certeza de que las cenizas que les entregaron sean de humano o que el cuerpo haya sido cremado, por lo que creen que forma parte de los 386 cuerpos.
María Elena forma parte de los familiares que en los últimos días se han manifestado tanto afuera de las funerarias implicadas, como en las instalaciones de la Coespris, para exigir justicia por sus deudos.
“Se cometió una injusticia, encontraron esos cuerpos apilados en ese crematorio, entonces venimos a pedir respuestas, porque no se nos hace justo que ellos, las funerarias, hayan cobrado por un servicio que no hicieron bien, porque nunca revisaron las cenizas que se nos entregaron. Aparte ahorita todo se está moviendo muy lento, y nosotros lo que queremos es respuesta del gobierno, respuestas de las personas que fueron las encargadas de revisar esos crematorios, porque nunca se dieron cuenta que había tantos cuerpos”, dijo en entrevista.
Explicó que fue hace cuatro años cuando pagaron la exhumación de su padre a la funeraria Protecto.
”La funeraria se llevó a mi papá al crematorio Plenitud; entonces, ahora que pasó el problema, revisando los papeles, porque empezamos a ver que mi papá había sido cremado en ese lugar, entonces ya revisamos y queremos que nos analicen las cenizas, porque lo que nos entregaron se ve que es vil tierra, como concreto”.
Para ellos, esta situación ha sido revivir el dolor, además de culpa, debido a que no sabe a ciencia cierta si el cuerpo de su padre sí fue cremado.
”Todo eso nos puede, nos lastima y nos pone tristes otra vez. Ya nos habíamos recuperado y ahora resulta que otra vez estamos reviviendo este dolor. A un mes [del hallazgo] pedimos que vengan personas de otro lado a ayudarles, que vengan personas capacitadas porque queremos saber si ahí están nuestros familiares”.
Otras personas desean justicia para su esposo, hermano, hijo y madre; sin embargo, la FGE ha señalado que será un proceso lento y largo para las familias involucradas en el caso.
Durante el fin de semana el colectivo Justicia para Nuestros Deudos llevó a cabo varias manifestaciones para seguir exigiendo a las autoridades justicia, que la comunidad no se olvide del caso y se logre llegar hasta las últimas consecuencias.
