Por unanimidad, el Congreso de Coahuila aprobó una reforma al Código Penal del estado que impone sanciones más severas a padres, docentes, tutores y cuidadores de niñas, niños y adolescentes que, teniendo conocimiento de una situación que ponga en riesgo su integridad o derechos, omitan denunciarla ante las autoridades.
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La propuesta fue impulsada por el diputado Álvaro Moreira y presentada el 6 de noviembre de 2024. En su exposición de motivos, el legislador explicó que la reforma busca cubrir un vacío legal en la protección de los derechos de la niñez, al vincular de manera más estricta la responsabilidad de quienes tienen a su cargo a menores con la obligación de reportar cualquier acto de violencia, abuso o negligencia.
El Código Penal de Coahuila ya contempla el delito de omisión de denuncia en su artículo 349, que sanciona con una pena de uno a seis meses de prisión y de 50 a 100 días de multa a quien, conociendo que se comete un delito grave, no lo denuncie, siempre que pueda hacerlo sin riesgo personal.
Con esta reforma, se adiciona un segundo párrafo que establece una pena agravada, aumentada en un tercio, cuando la persona omisa tiene la guarda, custodia, atención, educación o cuidado directo de la víctima, y esta sea menor de edad.
Además, se recuerda que el artículo 233 del mismo código ya impone de cuatro meses a tres años de prisión a quien no denuncie delitos sexuales contra menores. Sin embargo, la nueva disposición fortalece el artículo 349 al ampliar los supuestos de responsabilidad penal a otras formas de riesgo y violencia no necesariamente tipificadas como delitos sexuales.
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La Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia consideró procedente la propuesta al reconocer que quienes fungen como cuidadores tienen un deber reforzado de protección. En ese sentido, la reforma busca sancionar con mayor severidad la indiferencia o el silencio, especialmente en casos donde estas personas pueden ser las primeras en detectar señales de abuso o maltrato.
Con esta medida, se pretende enviar un mensaje claro de cero tolerancia frente al encubrimiento de violencia contra menores, así como fortalecer la cultura de denuncia y protección de los derechos de la infancia en el estado.
