La autonomía de estas instituciones está en entredicho después de que Trump haya despedido o tomado medidas para despedir a sus dirigentes.
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por su sigla en inglés) han sido durante mucho tiempo el lugar al que acudían los estadounidenses para obtener información basada en datos que les ayudara a tomar decisiones sobre la salud.
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La Oficina de Estadísticas Laborales era la fuente de cifras de empleo no partidistas con las que los estadounidenses podían juzgar el estado de la economía.
Y la Reserva Federal era el banco central independiente que a menudo desafiaba las exigencias a corto plazo de los presidentes para priorizar la salud económica a largo plazo de Estados Unidos.
Ahora, la independencia de cada una de estas instituciones estadounidenses está en entredicho después de que el presidente Donald Trump, en su afán por erradicar los focos de independencia del gobierno, haya despedido o tomado medidas para despedir a sus dirigentes.
Al hacerlo, dicen los críticos, el gobierno de Trump está poniendo en peligro la credibilidad de instituciones que, durante mucho tiempo, fueron respetadas por estar por encima de la política. Estos organismos, además, desempeñan un papel vital al proporcionar la información necesaria para orientar las principales decisiones sobre el rumbo de la nación.
Estos lugares “no se supone que sean partidistas”, dijo Chris Edelson, profesor adjunto de gobierno en la Universidad Americana. “El mayor peligro es que la institución pierda credibilidad, y la gente no pueda contar con ella”.
En el lapso de unas pocas semanas, Trump ha despedido al director de la Oficina de Estadísticas Laborales tras un informe de empleo poco halagador; ha intentado destituir a una gobernadora de la Junta de la Reserva Federal en medio de una ofensiva para tomar el control de la junta; y ha respaldado la decisión de su secretario de Salud de destituir a la directora de los CDC por la política de vacunas.
Los abogados de Susan Monarez, la directora de los CDC, dijeron que la habían designado como objetivo después de que se negara a “dar el visto bueno a directivas poco científicas y temerarias”.
Las acciones de la Casa Blanca representan una intrusión de guerra política en la dirección de la política financiera y de salud federal, que tradicionalmente había estado aislada de tales injerencias.
William Galston, investigador sénior y presidente de estudios de gobernanza de la Brookings Institution, dijo que la purga en los CDC “sustituye la experiencia científica y médica por ideas sobre la salud y la enfermedad que solo tienen una mínima coincidencia con la verdad”.
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Si la credibilidad de la Reserva Federal se viera comprometida, dijo, podría incluso amenazar “la estabilidad de la economía mundial”.
Galston, quien fue asesor político del presidente Bill Clinton, dijo que ha observado cómo Trump ha impulsado el papel del presidente mucho más allá de lo que sus predecesores hubieran intentado jamás.
“Se trata del esfuerzo más exhaustivo que jamás hayamos visto por parte de un presidente para centralizar el poder ejecutivo en sus manos, reducir o eliminar las islas de independencia, ser servido por personas elegidas para no oponerse a su voluntad y reducir el poder de las instituciones competidoras del gobierno”, dijo Galston. “Es la centralización del poder constitucional en el Ejecutivo”.
Los funcionarios de Trump afirman que el presidente está en su derecho de despedir a funcionarios que no compartan su programa político.
“Durante años, los candidatos republicanos han hecho campaña para frenar el poder de los burócratas no elegidos, pero el presidente Trump ha cumplido su promesa de décadas de frenar el poder y el gasto desbocados del gobierno”, dijo Taylor Rogers, vocera de la Casa Blanca.
Durante su primer mandato, Trump citó el Artículo II de la Constitución, que, dijo, le daba “derecho a hacer lo que quiera como presidente”.
En su segundo mandato, está intentando hacer realidad esa visión maximalista de la presidencia.
Abrazando la llamada teoría del ejecutivo unitario, Trump ha firmado una orden ejecutiva que exige a las agencias independientes como la Comisión Federal de Comunicaciones y la Comisión de Valores que dirijan sus reglamentos y acciones presupuestarias a través de la Casa Blanca para su revisión.
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Ha remodelado el Departamento de Justicia, antaño sede del poder independiente, nombrando a leales y a sus abogados personales para los puestos más altos.
Ha reinstaurado la política del “Schedule F” —una categoría de trabajadores federales que carece de las protecciones laborales que reciben los funcionarios de carrera— en un intento de debilitar la independencia de los funcionarios de carrera, que los hace más fáciles de despedir.
Ha despedido o degradado a más de 20 inspectores generales o inspectores generales en funciones desde que asumió el cargo, lo que despojó al gobierno de focos de responsabilidad independiente.
El gobierno ha suspendido a una treintena de empleados de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias después de que escribieran al Congreso advirtiendo de que el gobierno de Trump había reducido al mínimo la capacidad de Estados Unidos para hacer frente a huracanes, inundaciones y otras catástrofes meteorológicas extremas.
“Todo el mundo ve esto, y quien quiera conservar su puesto de trabajo entiende que no puede alzar la voz”, dijo Edelson.
Los conservadores argumentan que los trabajadores del gobierno —-muchos de los cuales Trump ridiculiza como miembros del “Estado profundo” que buscan socavar su agenda— habían acumulado demasiado poder en los últimos años, tomando decisiones sobre la pandemia de la COVID-19 que eran impopulares entre los de derecha y consideradas por ellos como altamente políticas.
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“Se tiende a oír que quienes piensan que las agencias deberían estar aisladas del presidente describen a los funcionarios del gobierno como personas que ejercen su independencia o son apolíticos”, dijo J. Joel Alicea, profesor de Derecho de la Universidad Católica y director del Centro para la Constitución y la Tradición Intelectual Católica.
Dijo que ese argumento tenía su reverso: “Al hacer que los funcionarios del Ejecutivo puedan ser removidos a voluntad por el presidente”, señaló, “la Constitución garantiza la rendición de cuentas política ante el pueblo estadounidense”. c. 2025 The New York Times Company
