36 defensores de los derechos humanos y 18 periodistas de Coahuila reciben protección federal a raíz de solicitudes que datan de 2012 y que, desde entonces, se recibe al menos una petición al año.
El homicidio del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, puso en relieve el tema de seguridad, luego de que autoridades confirmaran que el edil tenía protección a cargo de 14 agentes que lo cuidaban debido a amenazas que había recibido por su función y postura ante grupos del crimen organizado.
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Los protocolos de protección no son exclusivos de funcionarios, sino que también se otorgan a activistas y periodistas.
Un informe de la Secretaría de Gobernación (Segob) arroja que, hasta septiembre, México ha girado dos mil órdenes de protección federal únicamente para estos dos gremios.
De ellos, en Coahuila reciben protección 36 defensores de derechos humanos y 18 periodistas que, en alguna medida, han visto amenazada su vida a raíz del desarrollo de sus profesiones. La proporción entre hombres y mujeres es mitad y mitad.
El protocolo consiste en rondines realizados por agentes de Guardia Nacional en el lugar donde viven, en la instalación de sistemas de seguridad, en vigilancia domiciliaria y también en el acompañamiento de escolta directa las 24 horas del día.
Según los datos, del total de personas beneficiarias de este mecanismo en Coahuila, 39 de ellas lo solicitaron a partir de 2012, y desde ahí cada año, a excepción del 2025 (que todavía no concluye), la entidad ha registrado por lo menos una solicitud.
