Nadie en su sano juicio puede oponerse a todo lo que sea combate a la corrupción. Pero la corrupción es un delito, y en términos jurídicos todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Por más que los medios hagan juicios sumarios, la presunción de inocencia es la base de nuestro sistema penal. Lo contrario sería caótico e injusto.
El asunto viene al caso a propósito de la orden de presentación que le hicieron a Tania Flores, expresidenta municipal de Múzquiz. No la conozco y no tengo ningún tipo de relación o amistad con ella o con su hermano. Por el contrario, podría decir que no me parecen aceptables sus formas de hacer política. No tengo ningún interés en defenderla, ni obtengo de ello beneficio alguno; sin embargo, me interesa el tema para evidenciar el modus operandi que el PRI Gobierno maneja desde hace más de cuarenta y cinco años.
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Comencemos por su traslado de Múzquiz a Saltillo. El traslado en sí demuestra la extrema centralización de la administración de justicia en el Estado. Una entidad geográficamente extensa que dispone de un número suficiente de fiscales para hacerse cargo del caso; pese a ello, una simple presentación tiene que atenderse en Saltillo. Extraigo dos conclusiones de bote pronto: primero, la Fiscalía es todo menos autónoma, lo cual es muy evidente, y la justicia de los políticos de oposición se atiende en Saltillo. Segundo, por lo general, esos traslados pretenden intimidar y desgastar mentalmente al investigado.
Vamos al segundo punto. Desde que Carlos Alberto Páez Falcón fue alcalde de Monclova –el primero de oposición en el Estado, en 1979– no ha habido un sólo alcalde de oposición que no haya sido investigado por el Congreso del Estado, y algunos de ellos por la Procuraduría, hoy Fiscalía General. Es un hecho objetivo, ahí están los datos.
El ingeniero Rosendo Villarreal, quien dejó la Presidencia Municipal de Saltillo en 1993, encaró durante más de veinte años una investigación de estas que fabrica el Gobierno de Coahuila. Nunca pudieron demostrar algo en su contra, y no se trataba de eso: incriminarlo era lo de menos; el objetivo era intimidarlo y desgastarlo, política y económicamente. En este caso se toparon con pared. Pero no todos tienen la misma entereza. Jorge Zermeño y José Ángel Pérez en Torreón pasaron por algo similar. Más cerca de nosotros, Lenin Flores en Sabinas y Lenin Pérez en Acuña. Gerardo García en Monclova, Amador Moreno en Frontera, Evaristo Madero en Parras y ahora Tania Flores en Múzquiz.
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Lo verdaderamente ridículo es que, salvo tres excepciones, nunca han investigado o procesado a ningún alcalde emanado del PRI, que yo o Google sepamos. Por un rato persiguieron a Santiago Elías Castro en Piedras Negras, porque no bailó el son que cantaba el cacique del pueblo, pero sólo fue un rato. No obstante, lo destituyeron para imponer a Elías Sergio Treviño. En Saltillo le tocó a Eleazar Galindo Vara, que fue alcalde antes de Rosendo Villarreal, y en su lugar entró de interino, por un año, Mario Eulalio Gutiérrez Talamas. Lo mismo pasó en Torreón con Mariano López Mercado. Repito, el tema nunca ha sido el combate a la corrupción o la justicia. Se trata de una justicia politizada que castiga la oposición al Gobierno del Estado, mucho más cuando es oposición.
Ser alcalde de oposición en Coahuila te enfrenta a dos opciones: o te alineas con el Gobierno del Estado o te van a gastar y desgastar en su Congreso, con su Fiscalía y en sus Tribunales. Ahí está el caso de Guillermo Anaya, que hoy milita muy feliz a las órdenes del gobernador, como en su momento lo hizo con Enrique Martínez. La impunidad pactada a cambio de lealtad. Si estás con el PRI Gobierno eres pulcro, pero si no te alineas van con todo en tu contra. El mensaje para los alcaldes de oposición es el mismo de siempre: si ves las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Les toca ahorrar para pagar abogados y documentar todos los pesos y centavos. Encabezar a la oposición en Coahuila es altamente riesgoso. “A los amigos justicia y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
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