La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) emitió la Recomendación 025/2025 por un caso de abuso policial ocurrido el 5 de septiembre de 2024 en el municipio de Frontera, donde elementos de la Policía Municipal ingresaron sin orden judicial a un domicilio particular y agredieron a un ciudadano.
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De acuerdo con la investigación, los agentes ingresaron al inmueble mientras la víctima convivía con dos personas, los obligaron a colocarse contra la pared y revisaron al afectado, a quien le fue sustraída una cartera con dinero en efectivo. Posteriormente, fueron liberados en el exterior del domicilio sin que existiera registro oficial de la actuación policial.
La CDHEC documentó que, al reclamar la devolución de sus pertenencias, los elementos policiales arrojaron la cartera desde una patrulla en movimiento y, al recuperarla, la víctima se percató de que el dinero en efectivo que cargaba ya no estaba.
Inicialmente, la autoridad municipal negó los hechos y aseguró que no existían registros físicos ni digitales de la intervención policial; sin embargo, un video aportado por el quejoso mostró el momento en que un agente lanza un objeto negro desde la unidad, identificado plenamente como la cartera, lo que desmintió la versión oficial.
Además, el hombre aseguró que fue golpeado durante el aparente operativo, aunque advirtió que pronto se sometería a una operación.
“No me peguen, me van a operar de la vesícula”, suplicó un ciudadano a policías municipales de Frontera, Coahuila, mientras era golpeado dentro de un domicilio particular. La respuesta de los agentes fue detener las patadas en las costillas, solo para comenzar a abofetearlo en el rostro y la quijada bajo la amenaza: “del cuello no te van a operar”.
Durante la investigación, la Comisión también detectó irregularidades administrativas, como la imposibilidad de localizar la bitácora de la patrulla involucrada, lo que evidenció deficiencias en los mecanismos de control interno de la corporación.
Tras el análisis de las pruebas, el organismo acreditó violaciones a los derechos humanos a la legalidad, seguridad jurídica y propiedad, al considerar que los agentes actuaron sin justificación legal y omitieron documentar su intervención.
Aunque la víctima denunció agresiones físicas, la falta de dictámenes médicos inmediatos impidió acreditar técnicamente las lesiones; sin embargo, la privación ilegal de la libertad y el despojo patrimonial quedaron plenamente comprobados.
La recomendación fue dirigida a la presidenta municipal de Frontera, Sara Irma Pérez, y en ella se solicita la instrucción de iniciar procedimientos administrativos contra los responsables, el pago de una compensación por daño moral a la víctima y la implementación de capacitación obligatoria para prevenir la repetición de estos hechos.
