La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció la creación de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral con el propósito de fortalecer la democracia mediante un proceso abierto e incluyente. Este órgano será coordinado por Pablo Gómez y no implicará gasto extra, ya que estará integrado por servidores públicos en funciones.
FUNCIONES Y PLAN DE TRABAJO
El decreto, publicado el 4 de agosto, establece que la comisión convocará a la ciudadanía a opinar sobre los cambios necesarios en la legislación electoral y analizará dichas propuestas. Entre las acciones previstas destacan:
TEMARIO DE DISCUSIÓN
El temario general incluye aspectos como libertades políticas, representación, financiamiento y fiscalización de partidos, efectividad del voto, regulación de la competencia electoral, libertad de expresión, propaganda gubernamental, sistemas de votación y cómputo, autoridades electorales, requisitos de elegibilidad, inmunidad parlamentaria, consultas populares y revocación de mandato.
INTEGRANTES CLAVE
• Pablo Gómez – Coordinador de la Comisión Presidencial.
• Rosa Icela Rodríguez – Secretaría de Gobernación.
• José Peña Merino – Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.
• Ernestina Godoy Ramos – Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal.
• Lázaro Cárdenas Batel – Oficina de la Presidencia.
• Jesús Ramírez Cuevas – Coordinador de Asesores.
• Arturo Zaldívar – Coordinador General de Política y Gobierno.
DATOS CURIOSOS
• El puesto de Pablo Gómez es una plaza de asesoría que estaba vacante desde que Sergio Salomón asumió la titularidad del Instituto Nacional de Migración.
• Todos los foros y debates tendrán sede en la Secretaría de Gobernación, pero se prevén actividades itinerantes en otras ciudades.
• Las propuestas enviadas al portal oficial serán publicadas en su totalidad, sin ediciones ni resúmenes.
• No se requerirá presupuesto adicional para la operación, ya que se utilizarán recursos y personal existentes.
IMPACTO ESPERADO
Con un enfoque de apertura y transparencia, la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral busca garantizar que las reformas surjan de un consenso amplio, reflejando las necesidades y expectativas de la sociedad mexicana. De lograrlo, podría marcar un precedente en la forma en que se diseñan y aprueban cambios legales en el país.