El Congreso del Estado de Coahuila arrancó este martes la primera etapa de la consulta legislativa dirigida a grupos en situación de vulnerabilidad, para recabar opiniones y enriquecer cinco iniciativas que podrían derivar en reformas en materia electoral, derechos de personas con discapacidad, adultos mayores y promoción del lenguaje incluyente.
Luz Elena Morales, presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso local, explicó que esta fase pre consultiva obedece a un mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece lineamientos para garantizar la participación efectiva de estos sectores.
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Para facilitar el acceso a la información, se habilitó un micrositio en la página oficial del Congreso con los textos completos de las propuestas, infografías, videos explicativos y traducción a lenguaje de señas.
La consulta contempla una serie de encuentros presenciales en distintas regiones del estado: el 6 de agosto en Monclova; el 7 en Múzquiz; el 8 en Piedras Negras; el 19 en Torreón y el 20 en Saltillo. En esas reuniones se espera escuchar las inquietudes y propuestas de colectivos, asociaciones civiles y ciudadanía interesada.
Entre las iniciativas sometidas a consulta destacan reformas al Código Electoral para garantizar candidaturas para personas en situación de vulnerabilidad; la integración del Instituto Coahuilense del Adulto Mayor al sistema DIF estatal para mejorar la coordinación; regulaciones para albergues; medidas para impulsar el uso del lenguaje incluyente y ampliación de derechos para personas con discapacidad.
Morales señaló que el Congreso buscará sesionar de forma extraordinaria entre el 28 y 29 de agosto, o a más tardar el 1 de septiembre, a fin de que las reformas en materia electoral entren en vigor antes del inicio del próximo proceso electoral estatal, programado para el 1 de diciembre.
Durante la jornada inicial, participaron 27 personas en línea y 37 de manera presencial, representantes de diversos sectores como adultos mayores, personas con discapacidad, comunidad LGBTQ+, pueblos indígenas y ciudadanía en general.
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Guadalupe Oyervides, presidenta de la Comisión de Gobernación, destacó el carácter histórico del ejercicio por su amplia representatividad.
El proceso será documentado ante notario público para dar certeza jurídica y contempla fechas límite para la elaboración de dictámenes y entrega de respuestas, con la intención de que las iniciativas puedan dictaminarse en tiempo y forma.
