Brisa Isela Castellanos Márquez, una niña de apenas 12 años habitante de Nueva Rosita, Coahuila, vivió una existencia marcada por la tragedia y el abandono. A pesar de ser una estudiante destacada y una atleta prometedora en el boxeo, su entorno familiar estaba fracturado por la drogadicción de su padrastro y la violencia física, factores que la llevaron a huir de casa en repetidas ocasiones antes de su fatal desenlace.
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El 11 de junio de 2025 se emitió la Alerta Amber tras su desaparición definitiva. La investigación reveló que Brisa terminó en la vivienda de Luis Ángel Gutiérrez Cortés, apodado “El Tornado”, un ex policía ministerial de 28 años.
Según declaraciones de testigos y el propio imputado, la niña fue estrangulada con un cable de extensión eléctrica el 9 de junio, tras haber sido llevada al domicilio bajo engaños.
La crueldad del caso se extendió a la participación de María Elisa Padilla Cortés, tía del agresor y maestra de secundaria. Según el expediente, la docente ayudó a su sobrino a trasladar el cuerpo de la menor en la cajuela de su vehículo para abandonarlo en un terreno baldío, donde fue localizado diez días después. Posteriormente, ambos limpiaron la escena del crimen con cloro y aromatizantes para borrar evidencias.
Actualmente, el caso enfrenta una crisis de justicia. La abogada Brenda Yanet Meza Pérez ha denunciado públicamente que se pretende liberar a la maestra Padilla Cortés, argumentando su presunta inocencia a pesar de las pruebas de complicidad y el encubrimiento del cadáver.
La controversia escaló cuando se reveló que la Fiscalía trasladó el caso a Saltillo, alejándolo de la jurisdicción original. Allí, se presume que manipularon a la madre de la víctima, Gloria Marisa Castellanos, para que aceptara un acuerdo económico de 200 mil pesos a cambio de no oponerse a la liberación de la cómplice, bajo la figura de un cambio de medida cautelar.
En un movimiento calificado como cínico por la defensa, el Ministerio Público Juan Ramiro García Zamora revocó a la abogada privada de la familia para imponer un defensor de oficio, facilitando así el camino para el sobreseimiento del delito de la maestra, acusan. Se teme que este sea el primer paso para otorgar beneficios procesales también al feminicida confeso mediante un juicio abreviado.
La historia de Brisa Isela es el retrato de cómo se le puede fallar a una menor en vida y se le sigue fallando después de muerta. Desde la falta de protección ante los abusos sexuales previos que sufrió por parte de otro sujeto, hasta la actual parcialidad de las autoridades, el caso se mantiene como un grito de auxilio por una justicia que parece estar a la venta en la Región Carbonífera de Coahuila.
(Con información de La Jornada)
