Tras una detención que fue calificada como arbitraria y abusiva, Armando Castilla Galindo, director general del periódico VANGUARDIA, recuperó su libertad luego de que se demostrara que no existían elementos suficientes para dar curso a la denuncia presentada en su contra.
El caso generó una amplia condena por parte de organismos internacionales, medios nacionales, periodistas, analistas, juristas y activistas, quienes denunciaron el uso de las instituciones de justicia como herramientas de persecución política y censura.
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La detención de Castilla Galindo se ejecutó el pasado viernes 9 de enero en el aeropuerto de Nuevo León y se originó a partir de una controversia mercantil relacionada con un inmueble en Saltillo, propiedad de su familia, la cual fue convertida de manera artificial en un asunto penal.
Compañeros del gremio periodístico señalaron que el proceso fue construido para dañar la imagen del comunicador y enviar un mensaje de intimidación al periodismo independiente. Articulistas de la casa editora describieron el hecho como un intento del oficialismo por imponer un clima de miedo mediante la fabricación de delitos “al vapor”.
